Una vez más, la Contraloría General de la República, a cargo de Gerardo Solís, sufrió un revés ante la Corte Suprema de Justicia en el marco de una batalla legal con la Procuraduría de la Administración, que investiga presuntas irregularidades en un contrato que dio la entidad encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos a una empresa para servicios de imagen y relaciones públicas.
La Corte rechazó una aclaración de sentencia presentada por la abogada Kathia Rojas, en representación de la Contraloría, contra una decisión de esa corporación de justicia que rechazó un amparo de garantías constitucionales, presentado contra una resolución del 9 de septiembre, expedida por el procurador de la Administración, Rigoberto González, con la que se dio paso a la citada investigación.
CSJ avala pesquisa a contralor por contrato
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó una aclaración de sentencia presentada por la abogada Kathia Rojas, en representación de la Contraloría General de la República, contra una decisión de esa corporación de justicia que rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado contra la resolución del 9 de septiembre 2020, expedida por el procurador de la Administración, Rigoberto González, con la que se abrió una investigación por anomalías en la contratación de una empresa, por la suma de $49 mil, para manejo de imagen y relaciones pública de la Contraloría.
La Corte rechazó, de plano, la aclaración de sentencia presentada por Rojas, fundamentada en el artículo 999 del Código Judicial, en el que se establece que la sentencia dictada no puede revocarse ni reformarse en cuanto a lo principal, y que sólo podrán revisarse en cuanto a sus frutos, perjuicios o intereses.
El fallo, con fecha del pasado 8 de octubre y bajo la ponencia de la magistrada María Eugenia López, mantiene la decisión de la Corte, que dio luz verde al procurador González para continuar la investigación sobre la contratación de la empresa Venqis, S.A.
Una denuncia dio pie a la investigación
El abogado Ernesto Cedeño presentó una denuncia por supuestas irregularidades en la asignación de un contrato, por parte de la Contraloría, para el manejo de imagen. La denuncia de Cedeño fue acogida por el procurador de la Administración, Rigoberto González , tras lo cual, la Contraloría presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte, que fue admitido, pero que luego fue desestimado por el pleno de esa corporación de justicia.
El 12 de julio del 2021, la Corte rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por Rojas contra la resolución No. PA/253-2020, de 9 de septiembre del 2020, expedida por el procurador González, en la que anunció el inicio de una investigación a raíz de la denuncia presentada por el abogado Ernesto Cedeño.
En esa ocasión, la Corte señaló que el procurador González no violó ninguna norma constitucional al solicitar información a la entidad que dirige Gerardo Solís, sobre el referido contrato, ya que actuó a raíz de la denuncia presentada por el abogado Cedeño.
Además, el fallo detallaba que la solicitud de información sobre los pormenores del contrato por parte de González cae dentro de sus atribuciones como Procurador de la Administración, por lo que deberá permitir el acceso a los datos solicitados.
El amparo que presentó Rojas en representación del contralor, alegaba que la resolución PA/DS-253-2020, del 9 de septiembre del 2020, violaba los artículos 18 y 32 de la Constitución.
Según Rojas, el procurador González no es autoridad competente para investigar al contralor Solís, por lo que estaría vulnerando el artículo 32 de la Constitución, ya que la figura del contralor sólo puede ser juzgada por la Corte.
Iniciativa legislativa
En la misma línea de Rojas, en la Asamblea Nacional el diputado oficialista Roberto Ábrego, esposo de Elia Díaz Núñez, directora Nacional de Servicio Exterior, Incentivos Fiscales y Comerciales de la Contraloría, presentó un proyecto de ley que pretende darle a la Corte las atribuciones de hacer investigaciones administrativas a altos funcionarios, competencia que tiene la Procuraduría de la Administración.
De hecho, en el penúltimo día de sesiones, el pasado 27 de octubre, Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto 733 de Ábrego, el cual está pendiente de sanción por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo.
El proyecto plantea la reviviscencia del literal b, numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, alegando un “vacío jurídico que se ha producido respecto al conocimiento de las faltas que pudieran cometer los ministros de Estado, el procurador de la Nación, los diputados, el contralor, los magistrados del Tribunal Electoral y el Procurador de la Administración”.
Pero el propio procurador González ha señalado que su despacho continuará conociendo de estos hechos, ya que la Constitución señala en su artículo 220 que corresponde al procurador de la Nación o de la Administración conocer de estas faltas.
Además, varios fallos de la Corte Suprema de Justicia han dejado claro esta facultad del Procurador, que no se puede eliminar por una ley.
