La muerte de un preso en la cárcel pública de Santiago de Veraguas por coronavirus, y el contagio de otros 313 reclusos de ese penal, tienen en alerta a organismos internacionales y abogados locales.

En la Corte Suprema de Justicia fue interpuesto un recurso de habeas corpus, con el propósito de que se otorguen medidas distintas a la detención a todos los presos de ese centro penitenciario. Esto, con el objetivo de frenar el virus.

Hasta ayer, en las cárceles del país había 702 contagiados.

Presentan ‘habeas corpus’ para liberar a presos de Veraguas

Luego de que la Dirección General del Sistema Penitenciario informara que 313 de los 503 internos de la cárcel pública de Santiago están contagiados con coronavirus, lo que representa el 62.2% de esa población penitenciaria, y que 1 de ellos murió el pasado domingo a causa del virus, la abogada veragüense Mauricel Fátima Agrazal interpuso un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia.

El propósito: que se libere a todos los reclusos de ese centro penitenciario por razones humanitarias y para frenar los contagios.

La acción legal quedó radicada en el despacho del magistrado presidente de la Corte, Luis Ramón Fábrega.

Un recurso similar fue interpuesto a mediados de abril pasado, cuando el virus no había llegado a los penales del país. En esa ocasión, el habeas corpus fue presentado por el abogado Raúl Roger, con el objetivo de que se concedan medidas cautelares distintas a la detención preventiva a cientos de mujeres y hombres recluidos en las cárceles del país.

Hasta el momento, se desconoce el estatus de esa acción legal.

Los infectados

De acuerdo con cifras del sistema penitenciario, hasta ayer habían en las cárceles panameñas 702 presos con la Covid-19, distribuidos de la siguiente manera: 313, en la de Santiago; 265, en la Nueva Joya; 98, en el Centro Femenino de Resocialización Cecilia Orillac de Chiari, y 26, en la cárcel de Nueva Esperanza, en Colón.

Sin embargo, todas las alarmas están puestas en Veraguas: la cárcel es el principal foco de infección.

Hasta el pasado miércoles, en esa provincia habían 750 personas contagiadas con coronavirus y la mitad está en el centro penal.

Samid Sandoval, alcalde de Santiago, inclusive solicitó ayer a las autoridades sanitarias que pongan su mirada en lo que ocurre en esta área del país y, principalmente, en la cárcel.

Otra institución que se pronunció sobre el asunto fue la Defensoría del Pueblo, que dirige Maribel Coco. La entidad, luego de hacer un recorrido el pasado miércoles por este penal, calificó de “preocupante” la situación de los internos.

Según un comunicado, la Defensoría observó que la mayoría está en hacinamiento, lo que facilita el contagio. Durante la inspección, informó, se estableció que personas encargadas de repartir alimentos a los reos dieron positivo al virus.

Los trasladan

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó ayer que los presos de Santiago que no están contagiados ya fueron trasladados a la sede regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, en un operativo coordinado con las autoridades de salud. El propósito es evitar más contagios.

La institución también anunció medidas para el Complejo Penitenciario La Joya. De acuerdo con un comunicado, el Ministerio de Salud asignó dos médicos a la Clínica Virgen de la Merced de La Nueva Joya y que el resto de los galenos (no precisaron cuántos son) atenderá los asuntos de rutina de los reos de La Joyita y La Joya.

Se realizarán gestiones para robustecer las juntas técnicas encargadas de clasificar a la población penitenciaria. Por estos días, esas juntas analizan qué privados de libertad aplican para condiciones de detención distintas a la prisión.

Se incrementará el abastecimiento de agua a través de carros cisternas, entre otras medidas.

Al presidente

Ayer, un grupo de presos de la cárcel La Nueva Joya, que dicen ser cristianos, escribieron una carta a mano dirigida a la Presidencia de la República, al Ministerio de Gobierno, a la Dirección General del Sistema Penitenciario y a la dirección del penal.

Solicitaron medidas distintas a la detención para disminuir el hacinamiento y evitar los contagios de coronavirus. “No cierren sus ojos con lo que está pasando con los privados de libertad en las cárceles”, dice parte del escrito. “Señores del gobierno de Panamá, les pedimos que escuchen la voz de más de 18 mil privados de libertad y sus familias. Les pedimos que se tomen medidas para evitar el contagio masivo de la Covid-19 en los centros penitenciarios, utilizando en este momento todas las herramientas necesarias que el estado de emergencia nacional, la Constitución y las leyes les otorga para poder cumplir con la normativa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, agrega.

Precisamente, ese organismo se pronunció sobre la situación de los presos en Panamá en el contexto de la pandemia. A través de su presidenta, Elizabeth Odio Benito, exigió a Panamá que adopte las medidas necesarias para proteger la salud e integridad de estas personas, sin discriminación. El país debe presentar un informe al respecto el próximo 10 de junio.

Por su lado, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, alertó que es crítico lo que se vive en los centros penitenciarios de Panamá a raíz de los casos de coronavirus.

Hizo un llamado para que, tanto autoridades del Órgano Judicial como del Ministerio Público, tomen “acciones urgentes” para darle un alivio a este sector de la población. Recordó que fiscales y jueces tienen un rol importante en la aplicación de la detención preventiva de las personas que enfrentan procesos judiciales.

En ese sentido, argumentó que el arresto debe ser la última de las medidas cautelares a imponer, ya que existen otras menos severas en el Código Penal.

Con lupa

La situación del coronavirus en las cárceles de Panamá también tiene en alerta al Colegio Nacional de Abogados. Su presidente, Juan Carlos Araúz, aseguró ayer que “es responsabilidad directa de las autoridades” la aplicación de medidas para preservar la vida de los privados de libertad, ya que su situación de confinamiento los hace más vulnerables.

Araúz recordó que el hacinamiento en las cárceles “no es algo nuevo”, por lo que al inicio de la pandemia las autoridades debieron tomar previsiones.