La Asamblea Nacional cerró sus sesiones ordinarias ayer, después de aprobar un proyecto de ley que, de acuerdo con juristas, favorece a altos funcionarios frente a procesos administrativos, pues quita competencia en ese tema a la Procuraduría de la Administración y se la da al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto de ley 733, impulsado por el diputado perredista Roberto Ábrego, reestablece la vigencia del literal “b”, numeral 2, del artículo 86 del Código Judicial, y con eso, la Corte podrá investigar al contralor, ministros, diputados, procuradores y magistrados del Tribunal Electoral, cuando se trate de delitos comunes o faltas cometidas por estos funcionarios.
El proyecto de Ábrego llega en momentos en que el abogado Ernesto Cedeño presentó una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración –que dirige Rigoberto González–, en la que exige una justificación a la Contraloría para el refrendo de “bienes muebles” que han entregado diputados del PRD. Cedeño advirtió que si el proyecto 733 es sancionado, lo demandará por inconstitucional.
La Asamblea Nacional cerró sesiones con amargo balance
Negativa. Así calificaron dirigentes de la sociedad civil organizada la primera etapa de la gestión del perredista Crispiano Adames, como presidente de la Asamblea Nacional, período que ha transcurrido en medio de protestas ciudadanas, aumento del presupuesto legislativo, goles en proyectos de ley y la dilación de propuestas legislativas en algunas comisiones.
Adames, quien forma parte de la vieja guardia de los diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), llegó a la presidencia del Legislativo el pasado 1 de julio, luego de que fuera avalado con 59 votos de las diferentes bancadas.
Más fondos
En los primeros dos meses de la gestión de Adames, la Asamblea, de forma sigilosa, empujó en la Comisión de Presupuesto, que dirige el perredista Benicio Robinson, un crédito extraordinario por $36.8 millones, para “reforzar” el renglón de otros gastos del presupuesto legislativo. En esta vigencia, el presupuesto de la Asamblea era originalmente de $107 millones 49 mil 386 dólares, pero con ese aumentó quedó en $143 millones 943 mil 636. Mientras que la semana pasada, esta institución fue una de las beneficiadas por el Consejo de Gabinete, con un aumento de $8.4 millones para el 2022. Significa que este órgano trabajará el próximo año con $143 millones 955 mil 516.
‘Código Electoral’
El tema que obligó a los diputados a dar varios pasos atrás, fue la reforma al Código Electoral, documento que contiene las reglas para los comicios de 2024.
Por varias semanas, los ciudadanos protestaron en contra de varios artículos que los diputados introdujeron en el proyecto de ley 544, que había sido consensuado en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Los diputados, por ejemplo, intentaron: limitar el contenido en los medios de comunicación, introducir una amnistía para candidatos que no entregaron informe de ingresos y gastos, eliminar la potestad del Tribunal Electoral de fiscalizar los torneos internos de los partidos y permitir la “renovación anticipada” de las juntas directivas de los partidos políticos.
La presión ciudadana los obligó a desestimar esos artículos, pero mantuvieron varios beneficios, como el fuero penal electoral, el voto en plancha y la fórmula actual para distribuir las curules en los circuitos donde se escoge a más de un diputado.
Adames, quien vendió el eslogan de una “asamblea de puertas abiertas” y se mostró en favor de la “transparencia” y “lucha contra la corrupción”, mantuvo la opacidad en el tema de las planillas y las cuentas de ese ente; también dejó a un lado proyectos contra la corrupción, como el de extinción de dominio de bienes ilícitos. El proyecto de ley que reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea recibió primer debate, pero se estancó en el pleno. Tampoco avanzó el proyecto de ley sobre el conflicto de intereses, parte de lo que prometió el día que tomó posesión.
El gol del proyecto 733
Ayer, por ejemplo, el pleno cerró sesiones ordinarias con la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 733, considerado como un gol legislativo, ya que dispone que las faltas administrativas de los ministros, el contralor, los diputados, los procuradores y los magistrados del Tribunal Electoral, sean investigadas por la Corte Suprema de Justicia y no por la Procuraduría de la Administración o la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
Desde afuera
Este escenario, en palabras de dirigentes de la sociedad civil organizada, es un balance negativo, pues consideran que el Legislativo no logró avances en temas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
Para Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, estos últimos meses han transcurrido sin avances en “la deuda enorme” que tiene la Asamblea Nacional en las leyes que requiere el país para promover la transparencia y la rendición de cuentas.
En tanto, Cristian Ábrego, de la Fundación Conciencia Ciudadana, considera que el balance es negativo, puesto que Adames se vendió como un presidente que haría las cosas distintas. Señaló, por ejemplo, que no incluyó en la agenda de debate leyes anticorrupción y no hubo austeridad. “Todo esto genera un balance negativo y un golpe de muerte a la imagen de la Asamblea, que ya de por sí estaba sumamente deteriorada”, dijo.
Por su lado, Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, manifestó que el debilitamiento institucional y la imagen de la Asamblea siguen agravándose. A su juicio, el periodo actual no es la excepción, pues el país entero fue testigo de esto, sobre todo en las últimas semanas, mientras se debatía leyes de importancia para el futuro democrático del país. “No hay transparencia ni rendición de cuentas, mucho menos austeridad. No hay voluntad o compromiso con los mejores intereses de la nación y el desempeño es mediocre. La Asamblea sigue secuestrada por individuos que solo velan por sus propios intereses, cuyo único objetivo es tomar ventaja de los cargos que ocupan para beneficiarse ellos y los suyos. No hay otra alternativa que elegir ciudadanos íntegros y preparados para recuperar el primer órgano del Estado”, aseguró.
El discurso de Adames
Adames, en su discurso de cierre de sesiones ordinarias, agradeció a sus colegas y señaló que sí hubo avances sustanciales en la Asamblea.
“Siento que hemos hecho un esfuerzo particular y notable, algunos sectores así no lo ven, pero el trabajo legislativo, que comprende también el trabajo comunitario de cada uno de ustedes (...) nos juzgará en su momento, como la historia ha juzgado a diversas facciones de la vida nacional (...)”, dijo.
Defendió su gestión señalando que si bien no se abordaron proyectos determinantes, como el del conflicto de interés y el de los cambios al reglamento interno del Legislativo, caminan “de manera gradual” hacia esa realidad.
Acto seguido, detalló algunos proyectos que avaló la Asamblea en su gestión y que hoy son ley de la República: una norma para el Servicio de Protección Civil, la creación del Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, la ampliación al padre del fuero de maternidad y la regulación del uso del cannabis medicinal, entre otros.
¿Una protección para el contralor?
En el proyecto de ley 733, el diputado Roberto Ábrego hace mención de un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el pasado 12 de julio, que no acogió un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la Contraloría, entidad a cargo de Gerardo Solís. Aquel amparo es contra una resolución de la Procuraduría de la Administración, en la que se ordena investigar a Solís, ante una denuncia del abogado Ernesto Cedeño.
Cedeño solicitó al procurador Rigoberto González que investigue posibles irregularidades en un contrato de la Contraloría a la empresa Venqis, S.A., por la suma de $49 mil 487, por servicios de imagen y relaciones públicas.
El fallo, recuerda el diputado, afirma que el literal b del numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, establecía que el pleno de la Corte podía decidir, con audiencia de la Procuraduría General de la Nación o de la Procuraduría de la Administración, en causas relacionadas con delitos comunes cometidos por una lista de funcionarios, como el contralor. Esta parte del artículo 86 fue derogada en la Ley 63 de 2008 (que adopta el Código Procesal Penal).
El diputado independiente Juan Diego Vásquez, advirtió que el proyecto 733 permitirá que altos funcionarios no rindan cuentas de su gestión a la ciudadanía.
Ábrego defendió ayer su propuesta. “Lo que hicimos con este proyecto de ley es procurar que haya uniformidad en la jurisprudencia panameña, al aprobarse en tercer debate el llenar un vacío jurídico para evitar dicotomías que se ha dado en fallos [de la Corte]”.
La esposa de Ábrego, Elia Díaz Núñez, es la directora Nacional de Servicio Exterior, Incentivos Fiscales y Comerciales de la Contraloría.
