Por segunda ocasión, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró legal y mantuvo la orden de arresto expedida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada contra Federico Barrios, representante legal de Blue Apple, sociedad que, según el Ministerio Público, se usó para distribuir sobornos a funcionarios a cambio de contratos.
Barrios está acusado de la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
La investigación estableció una lesión por $78.3 millones
En la investigación que consta de 301 tomos, la fiscalía logró recuperar la suma de $33 millones y se estimó una lesión patrimonial por $78.3 millones. Se le formularon cargos por blanqueo de capitales a 52 personas. La investigación se inició en el año 2017.
En un fallo que tuvo como ponente al magistrado Luis Mario Carrasco, y que contó con el salvamento de voto de cuatro magistrados, la Corte mantuvo la detención preventiva de Barrios, detenido desde el 4 de enero de 2018, luego de que la fiscalía ordenara su indagatoria.
El fallo destaca que solicitó a la fiscalía los 301 tomos de la investigación para verificar si la situación procesal del imputado había variado respecto al primer habeas corpus, pero que esta sigue siendo la misma, a raíz de que se habría dado “una grave lesión patrimonial al Estado”, con la participación de personas naturales y jurídicas, que a través de operaciones bancarias en Panamá y el extranjero afectaron la economía nacional.
La sentencia también dice que existen graves indicios de la participación del imputado en el esquema, por lo que “su arresto está justificado”.
Sin embargo, los magistrados José Ayú Prado, Cecilio Cedalise, Ángela Russo y Luis Ramón Fábrega, en sus respectivos salvamentos de voto, explicaron que Barrios debió ser beneficiado con un cambio de medida cautelar.
Argumentaron que Barrios mantiene residencia en la ciudad de Panamá y cuenta con arraigo familiar. También dijeron que Barrios se presentó voluntariamente a la fiscalía, lo que permite concluir que los peligros de desatención al proceso han disminuido.
Los magistrados coincidieron en el hecho de que tampoco se sustentó que exista riesgo de fuga, ya que el investigado salió del país en 15 ocasiones entre el 16 de marzo de 2016 y el 1 de diciembre de 2017, sin que hubiese escapado.