Después de un año y medio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) echó por tierra la estrategia del gobierno de Laurentino Cortizo, de contratar funcionarios en base a la experiencia laboral y no a la formación académica.
En un edicto publicado este viernes, la Corte informa que la Resolución de Gabinete 69 del 6 de agosto de 2019, que equipara la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa dentro del Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público, modificada por la Resolución de Gabinete 84 de 9 de septiembre de 2019, ha sido declarada “inconstitucional.”
Esta decisión, que fue tomada el pasado 19 de enero, tras una demanda de inconstitucionalidad interpuesta en septiembre de 2019 por el abogado Raúl González Rodríguez, debe ser publicada en Gaceta Oficial.
Ante este fallo, La Prensa consultó a Osvaldo De La Guardia, director de la Carrera Administrativa, para saber qué medidas adoptará el Gobierno, pero informó que está a la espera de la notificación del fallo. “Una vez analicemos el fallo, con mucho gusto le brindare las respuestas a sus interrogantes”, dijo.
‘Era ilegal’
El exdirector de la Carrera Administrativa, David Montenegro, aplaudió el fallo, ya que todo lo actuado bajo la Resolución 69 de 2019 es, según él, “ilegal”. Aseguró que la resolución fue inventada para poder “justificar” los nombramientos políticos de personas en posiciones en las cuales, por ley, se les exigía estudios universitarios y experiencia.
“El daño y retroceso que la han hecho a la administración pública lo vemos reflejado hoy en el pésimo servicio que se le ofrece al ciudadano. No podemos permitir que se sigan usando los nombramientos de funcionarios para satisfacer cuotas políticas. Las instituciones no son fincas privadas y los funcionarios merecen respeto y estabilidad”, afirmó.
La Resolución 69 tuvo vida un mes después de que Cortizo llegara a la Presidencia de la República, en medio de las quejas de algunos perredistas porque no habían sido nombrados.
Esta decisión del Consejo de Gabinete trajo consigo una serie de cuestionamientos ciudadanos y de gremios profesionales y empresariales. Además, provocó protestas del sector universitario del país. Señalaban que se desconocía el profesionalismo y el rol de la educación en la formación de los servidores públicos en las estructuras del Estado.
Cambios y suspensión
En medio de ese escenario, el Consejo de Gabinete hizo cambios a la Resolución 69. Avaló la Resolución 84, para aclarar que la equiparación no aplicaba para los puestos en los que se requiera profesiones regidas por leyes especiales. La resolución, denomina por muchos como un “retroceso”, estuvo en suspenso desde octubre de 2019, luego de que la Sala Tercera de la Corte acogiera la demanda planteada por el abogado Ernesto Cedeño.
“La medida adoptada por el Consejo de Gabinete aparentemente pugna con el ordenamiento jurídico”, toda vez que la Constitución concibe la educación como un derecho y un deber de todos los panameños, dice el fallo que decretó la suspensión. Cedeño pidió la suspensión provisional de los decretos por los “perjuicios y el impacto” que, a su juicio, podrían ocasionar a la comunidad. Manifestó que ambas resoluciones de Gabinete (la 69 y la 84) pretendían “darle buenos cargos a personas empíricas”.
