Una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 152 de 4 de mayo de 2020, que aplica una moratoria al pago de servicios públicos fue admitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Corte abrió un período de 10 días hábiles para que todos los interesados presenten argumentos en favor o en contra de la demanda.
La Ley 152 aplicó una moratoria para el pago de los servicios públicos de energía, internet y telefonía móvil y fija.
La demanda, que se encuentra radicada en el despacho del magistrado Hernán De León, objeta algunos de los aspectos contenidos en la nueva norma legal.
Moratoria en el pago de servicios públicos se podría caer
La Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 152 del 4 de mayo de 2020 que permite la suspensión del pago de servicios públicos [moratoria] a raíz de la pandemia por la Covid-19.
En un edicto colgado en la secretaría general de la Corte se informa que tras la admisión de la demanda se abre un período de 10 días para que todos los interesados en el tema presenten sus opiniones.
La demanda en la que actúa como ponente el magistrado Hernán De León fue presentada por el abogado Aristides Bolívar Figueroa.
La Corte también corrió traslado al procurador de la Administración, Rigoberto González, para que emita sus consideraciones al respecto.
Lo que dice la ley
La Ley 152, que generó un encendido debate en la Asamblea Nacional, aplicó una moratoria para el pago de servicios públicos [durante cuatro meses] de energía, internet y telefonía fija y móvil.
La moratoria también alcanzaba a los dueños de restaurantes, bares, casinos y del transporte público y privado afectados económicamente por la pandemia. La Ley 152 de mayo de 2020, también dispone que el Estado otorgará el bono solidario a los comerciantes cuyos negocios tuvieron que cerrar producto del virus.
La norma dispone que tendrán derecho a la moratoria las personas que demuestren haber sido afectados por la pandemia.
Este es solo uno de los múltiples recursos que han sido presentados ante la Corte Suprema de Justicia contra decretos emitidos por el Órgano Ejecutivo y el Ministerio de Salud, a propósito de la pandemia. La mayoría no han sido admitidos.
Otro
Mientras que en otro edicto fijado en la Secretaría de la Corte, pero con fecha del pasado 14 de octubre, se dispone que que no se admite un amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Eugenio Paz, contra la resolución número 360 del 30 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Salud en la que se aplican restricciones a la movilidad de los ciudadanos.
La Corte también rechazó un recurso similar contra este mismo artículo presentado por el abogado Ernesto Cedeño.
La Corte consideró que las medidas que se atacaban ya no se encontraban vigentes, por lo que se declaraba el fenómeno de sustracción de materia. Sin embargo, estas normas fueron reemplazadas por otros decretos y resoluciones similares, que mantuvieron la esencia de las restricciones a la movilidad ciudadana.