En un fallo del pasado 7 de abril, la Corte Suprema de Justicia no admitió dos amparos de garantías constitucionales presentados por los abogados Rosendo Rivera y David Cuevas, contra la sentencia del Tribunal Superior de Apelaciones que ordenó celebrar un nuevo juicio al expresidente Ricardo Martinelli por el caso pinchazos, pero excluyendo dos de los cuatro cargos originalmente imputados.
Aparte de no acoger los recursos, la Corte mantuvo la decisión de realizar el nuevo juicio a Martinelli, diligencia que está programada para el próximo 22 de junio. Allí se determinará si cometió los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y seguimiento ilegal.
La ponente del caso fue la magistrada Maribel Cornejo, y en el fallo se cita el artículo 2619 del Código Judicial, en el que se establece que en todas las demandas de amparo se deberá consignar de manera clara la orden impugnada, nombre del servidor público o institución que la impartió, y los hechos en que se fundamenta su petición.
Esta decisión se une a la asumida por la Corte el pasado 15 de marzo, cuando también rechazó un amparo interpuesto por la defensa de Martinelli contra la decisión que tomó el 20 de noviembre de 2020 el Tribunal Superior de Apelaciones de anular el primer juicio (del 9 de agosto de 2019), en el que un panel de tres jueces lo declaró no culpable.
El pasado 18 de mayo, una juez de garantías también le rechazó al expresidente tres recursos de supuesta afectación de los derechos humanos. Estas acciones legales estaban dirigidas contra la decisión asumida por el Tribunal Superior de Apelaciones de fijar el nuevo juicio.
A Martinelli se le acusa de la interceptación ilegal de comunicaciones y de darle seguimiento ilegal a por lo menos 150 adversarios políticos, copartidarios, empresarios, sindicalistas y periodistas, para los que presuntamente usó equipos y funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional.
Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, a cargo de la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, revelaron que los equipos que fueron usados para el espionaje político fueron adquiridos a empresas de Israel.