Un recurso de desacato contra la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) del Ministerio de Gobierno por mantener a un grupo de internos en el penal de Punta Coco, en Isla del Rey, no fue acogido por la Corte Suprema de Justicia.
La acción legal presentada a favor de un grupo de privados de libertad confinados en el penal, ubicado en el archipiélago de Las Perlas, en el golfo de Panamá, precisaba que la DGSP no había cumplido con los trabajos de adecuación de ese centro de reclusión y que los internos no tenían acceso a agua potable ni a la asistencia de sus abogados.
Pero el fallo, con la ponencia de la magistrada María Eugenia López Arias, rechazó los argumentos de la defensa de los internos, la mayoría detenidos por narcotráfico.
El 21 de junio de 2018, un fallo de la Corte ordenó el traslado de todos los internos del penal insular por considerar que ese centro no contaba con los requerimientos para mantener a privados de libertad en condiciones humanitarias.
En diciembre de 2018, el Ministerio de Gobierno ordenó la reapertura, luego de practicar una serie de adecuaciones y mejoras de sus instalaciones.