La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Franklin Amaya en representación de la exministra de Trabajo Alma Cortés, procesada por la presunta comisión del delito enriquecimiento y corrupción de servidores públicos.
En un fallo del pasado 23 de diciembre y bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, el pleno de la Corte no acogió el recurso presentado a favor de Cortés por considerar que se intenta usar al pleno como una instancia judicial más, para atacar un fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia que revocó una decisión del liquidado Juzgado Cuarto Penal que declaró nulo el proceso seguido a los imputados.
A juicio de los magistrados de la Corte, en este caso es notorio que el amparo fue presentado con la finalidad de usar esta vía para revisar los razonamientos desplegados por el Segundo Tribunal Superior de Justicia para revocar el fallo del Juzgado Cuarto Penal expedido el 14 de enero de 2020.
Recalca que el recurso presentado por la defensa de Cortés busca que se ha realice un ejercicio interpretativo que conduzca a la revisión de la decisión tomada por el Segundo Tribunal.
La Corte, a la vez, recalcó que en este caso no se cometió ninguna violación a las garantías fundamentales de los procesados.
La decisión de la Corte recuerda que la presentación del amparo procede siempre que exista gravedad e inminencia del daño, es decir que no deben haber transcurrido más de tres meses entre el momento en que se notificó del acto impugnado y la presentación del recurso.
También el fallo alega que el amparo se presentó un año después del fallo del Segundo Tribunal y que la normativa procesal señala que los amparos deben ser presentados de manera inmediata, una vez conocida la posible violación de las garantías de una persona.
El proceso se inició en 2015, a partir de una auditoría de la Contraloría General de la República, que pidió investigar a Cortés por presunto enriquecimiento injustificado. A la exministra se le acusa de haber recibido dos cheques de la Fundación para el Desarrollo Humano y Ambiental.
La investigación a la exministra se fundamenta en que supuestamente como representante de la Fundación para el Desarrollo Humano y Ambiental, Bolívar Espino le giró cheques de $17 mil y $16 mil. Igualmente, que Alvarado Santos, quien también actuó como representante de esa fundación, depositó dos cheques por $16 mil que fueron endosados por Osiris Herrera y depositados en cuentas de la exministra. La defensa de Cortés alega que se debió mantener la nulidad de lo actuado, ya que la fiscalía realizó diligencias vencido el plazo de investigación.
