La decisión de la Corte Suprema de Justicia de prorrogar hasta el 7 de junio próximo la suspensión de los términos judiciales –adoptada por el pleno del máximo tribunal el jueves pasado, mediante Acuerdo Nº 168 del 14 de mayo– afectará la velocidad en el desarrollo de los procesos, especialmente de aquellos en los que se debe gestionar la liberación de personas detenidas.
El procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, dijo ayer a este diario que la suspensión de los términos judiciales produce una dilación en la recabación de los elementos probatorios que estaban pendientes en los diferentes procesos penales.
A su juicio, la cuarentena y suspensión de términos provocada por la pandemia de la Covid-19 impide la recepción de testimonios y la obtención oportuna de documentación e información por parte de algunas instituciones públicas y privadas que no están laborando de forma normal.
En este contexto, informó que los fiscales fueron instruidos para que realicen un análisis de los expedientes y preparen las resoluciones correspondientes, para que una vez levantada la suspensión, actúen de manera más expedita.
Detalló que el Ministerio Público instaló una comisión de salud que garantizará la seguridad de los funcionarios, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para hacer frente al virus.
Litigantes
Abogados litigantes, como los exfiscales Rosendo Miranda y Rolando Rodríguez, opinaron que si bien el pleno de la Corte decidió mantener la suspensión de los términos para proteger la salud de los funcionarios judiciales y usuarios del sistema en atención a la pandemia de la Covid-19, también debe estar claro que, al dilatar los procesos, dicha medida traerá consigo una avalancha de recursos apenas se reanuden las actividades.
Para Miranda, la decisión de la Corte se debe a una coyuntura inédita de seguridad pública, pero es innegable la afectación de los procesos que, a su juicio, se retrasarán un poco más.
Por ejemplo, todas las solicitudes efectuadas ante jueces y magistrados de tribunales superiores están paralizadas. Miranda advirtió que esto afecta a quienes tienen medidas de detención preventiva.
La Corte ha seguido tramitando los recursos de habeas corpus y amparos de garantías constitucionales, pero Miranda recordó que en el caso de los juzgados todo está detenido.
Rodríguez, por su parte, reconoce que la medida adoptada por el pleno busca proteger a los funcionarios judiciales ante una eventual exposición a la Covid-19 y, en función de ello, la preservación de la vida y salud de los servidores públicos es una prioridad que debe ser valorada en su justa dimensión. Sin embargo, resaltó que se trata de una decisión que afecta a toda la administración de justicia.
En tanto, el abogado Alvin Weeden consideró la decisión de la Corte como acertada y necesaria para no exponer a abogados y usuarios del sistema.
También opinó que en el caso de las investigaciones de alto perfil adelantadas por el Ministerio Público, la medida no ha provocado una mayor afectación, ya que los fiscales han continuado trabajando, y tampoco afecta la conclusión de los sumarios.
Fuentes del Órgano Judicial consultadas por este diario explicaron que, entre otros aspectos, la decisión de prorrogar la suspensión de los términos judiciales se basó en los criterios del Ministerio de Salud (Minsa) sobre los riesgos inherentes a la reactivación del servicio.
Los magistrados también analizaron los problemas relacionados con la entrega de salvoconductos a los abogados litigantes, que incluso motivaron la presentación de una serie de amparos de garantías ante la Corte.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, dijo que el Órgano Judicial será el único responsable si al momento de levantar la suspensión de los términos judiciales no ha instalado las medidas de bioseguridad para que abogados y usuarios puedan acudir a los despachos con seguridad.
Según Araúz, el Órgano Judicial está en la obligación de garantizar la seguridad de sus funcionarios y si no puede hacerlo, lo recomendable es mantener la suspensión de los términos.
El pleno de la Corte suspendió los términos judiciales el 13 de marzo pasado. Debían reanudarse el lunes 18 de mayo, pero la fecha fue prorrogada hasta el 7 de junio próximo.