Panamá es un país de contrastes y extremos. Por doquier se encuentran evidencias y ejemplos de planificación, ordenamiento del territorio y de buena gobernanza.
Pero también hay ejemplos de todo lo contrario. Con un Presupuesto General del Estado para el año 2022 que supera los 25 mil millones de dólares, las preguntas más obvias que se derivan de semejante cantidad son: ¿cuáles son los principales problemas del país que serán resueltos mediante el gasto público representado por ese presupuesto?, ¿cómo mejorará la sociedad panameña después de semejante inversión?.
En 1959, mediante dos decretos leyes, el 11 del 12 de junio y el 12 del 18 de junio, se estableció y se organizó la todopoderosa Dirección de Planificación de la Presidencia de la República, que a lo largo de los dos siguientes gobiernos tomaría un rol protagónico en articular las iniciativas de desarrollo del país.
Luego, en la década de 1960, se emprendieron importantes acciones institucionales, como la creación de entes especializados para atender aspectos fundamentales de las necesidades del país: el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), el Instituto Panameño de Turismo (IPAT), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), así como el establecimiento de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección de Reforma Agraria.
En esa década se concluyó la carretera Panamericana desde la capital de la República hasta la frontera con Costa Rica y se construyó la hidroeléctrica de La Yeguada, como dos de los grandes megaproyectos emblemáticos de una década cargada de planificación.
En 1973, por medio de la Ley 16 del 28 de febrero, se estableció el Ministerio de Planificación y Política Económica, el famoso MIPE. Este ministerio representaba una visión estatista del desarrollo. Todo le correspondía al Estado, y todo se decidía en el gobierno central.
Para finales de la década de 1970, la principal función del MIPE debía ser la planificación de la reversión del Canal, pero en la práctica se convirtió en el gestor permanente de las negociaciones para mantener a flote las finanzas públicas.
La enorme deuda contraída por el país devino en un cambio de enfoque. Atrás quedaron las grandes iniciativas de empresas estatales y el MIPE se dedicó por las siguientes dos décadas a planificar el servicio de la deuda pública y a articular las exigencias de la instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras.
El MIPE fue tan exitoso en su tarea de gestionar la deuda pública, que salvó al país en varias ocasiones del default; es decir, el impago de la deuda, hasta cuando ya no fue posible en los estertores del gobierno militar entre 1987 y 1989.
A partir de 1990, al MIPE le correspondió planificar el desmantelamiento del Estado, desde las privatizaciones hasta el Plan de Retiro Voluntario, que pretendía compensar con dos años de salarios a los funcionarios públicos que se retiraran de la planilla estatal, pero en ocasiones volvieron a la misma luego de las elecciones de 1994.
El MIPE murió por eutanasia el 21 de diciembre de 1998, cuando la Ley 97 de esa fecha creó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
A partir de la fusión del Ministerio de Hacienda y Tesoro con el MIPE, la función de planificar el desarrollo del país desapareció. En las 30 funciones que establece el artículo 2 de la Ley 97 de 1998 está ausente el término “planificación”, el cual fue sustituido por expresiones como “políticas públicas” y otras similares.
Desde que surgió la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020, ha imperado en el país un intento de planificar lo incontrolable.
Aunque fue una promesa de campaña del actual mandatario, el Instituto de Planificación para el Desarrollo nació el pasado 14 de enero, cumplida la mitad del periodo del gobierno Cortizo.
El Decreto Ejecutivo 6 del 14 de enero de 2022 es un gesto en el camino correcto. Ningún país del mundo ha alcanzado un alto nivel de desarrollo sin planificación. Es totalmente legítimo que en una economía de mercado exista la planificación.
Eso sí, llama poderosamente la atención que el Instituto de Planificación para el Desarrollo está adscrito al MEF y que el Consejo de Planificación está conformado por el presidente de la República, el ministro de la Presidencia y el ministro de Economía y Finanzas.
Panamá necesita de muy buena planificación para superar los más grandes desafíos de nuestra era, como el déficit estructural del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social; la gestión y erradicación de las redes de crimen organizado y la alta tasa de violencia que sacude al país; la adaptación y mitigación al cambio climático; la gran transición demográfica de la población panameña; la enorme desigualdad acompañada de exclusión y pobreza extrema; los gigantescos desequilibrios territoriales en materia de oportunidades de desarrollo y, quizás la más importante de todas, la renovación educativa.
Estas necesidades requieren la acción concertada de ministerios, entes autónomos y semiautónomos, y de los gobiernos locales.
Ahora, las instituciones financieras internacionales que proveen financiamiento clave para el Estado están enfrentando una gran presión para demostrar resultados más allá de los financieros: ¿se redujo la pobreza?, ¿mejoró la participación de la mujer?, ¿disminuyó la brecha digital?, o ¿aumentó la resiliencia de las comunidades vulnerables al cambio climático? Todas estas preguntas requieren de planificación, evaluación de resultados y transparencia.
Los retos del Instituto de Planificación para el Desarrollo son fundamentales para la supervivencia y prosperidad de este país.
Es tiempo de establecer un Ministerio de Planificación para el Desarrollo que sea independiente del MEF. Si el Instituto de Planificación nos lleva en ese camino, bienvenido sea.
