Al menos 30 decretos Ejecutivos y Resoluciones ha emitido el Consejo de Gabinete que lidera el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.
Estas normas han regido el país en lo que va de estos cinco primeros meses de 2020. La primera resolución, con fecha del 28 de enero, declaró la amenaza del nuevo coronavirus como de alto riesgo de propagación. Además, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas asignar una partida de mil millones de dólares al Ministerio de Salud (Minsa), que dirige Rosario Turner, para la adquisición de bienes y obras para esta eventualidad.
Ese mismo día se firmó el Decreto Ejecutivo 64, que creó el Plan Nacional de Emergencia, que dio la potestad al Minsa para tomar las decisiones necesarias en temas de salud y se puso a su servicio la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y el Sistema de Protección Civil.
Luego se aprobó la resolución 10 del 3 de marzo que elevó a “muy alta” la amenaza del virus y ordenaba Ministerio de Economía y Finanzas transferir $1 millón 350 mil a seis instituciones para combatir la Covid-19.
Después del 9 de marzo, cuando las autoridades reconocieron la presencia del virus en el país, las medidas fueron haciéndose más rigurosas.
El 13 de mazo se firmó la resolución 11, que declaró el estado de emergencia nacional basándose en la Ley 22 de 2006 (contrataciones públicas). Allí se autorizó al Ministerio de la Presidencia contrataciones especiales por un monto de $50 millones por un periodo de 180 días. Ese mismo día se firmó el Decreto Ejecutivo 472 que profundizó las medidas sanitarias y suspendió todo tipo de actividades, actos, eventos, ferias cuya organización conllevara la aglomeración de personas.
Después vinieron los decretos de toque de queda y cuarentena que se reformaron con el paso de los días.
Las críticas
Los decretos y las resoluciones firmadas generalmente son anunciados en ruedas de prensa del Minsa o por el propio presidente Cortizo.
Una de las críticas de forma que se ha hecho a esta práctica es la poca explicación que hacen las autoridades sobre las normas aprobadas y la demora de su publicación en la Gaceta Oficial. Además, de fondo cuestiona que algunas de estas medidas limitan las libertades ciudadanas sin que tengan fecha de término.
Por ejemplo, Carlos Guevara-Mann plantea que varios decretos, entre ellos el 489,499, 500, 505, 506 y 507 tienen implicaciones para el ejercicio de derechos constitucionales, en particular los artículos 27 (libre tránsito), 38 (reunión) y 47 (propiedad privada). Incluso, el 64 (derecho al trabajo).
Otros plantean que se requieren las medidas extraordinarias y que así lo permite el sistema interamericano de derechos humanos del cual Panamá es parte.
Entre las normas que más ruido han ocasionado están las compras directas por $50 millones al Ministerio de la Presidencia, que luego de salir a la palestra pública irregularidades en esa compra y tras los reclamos ciudadanos, se anunció que cada institución haría sus compras.
Un tema que causó confusión fue el anuncio de apertura para ciertas actividades económicas el pasado lunes. Pero uno de los decretos relacionados con el tema se publicó 24 horas después, a un día de la apertura.
Asimismo, causó revuelo decreto 612, que flexibilizó la ley seca, que solo permite que un ciudadano compre una botella de cualquier licor y un six pack. Esto encendió las redes sociales con opiniones a favor y en contra.
Ayer la ministra Turner insistió en que la política del Minsa es “no” a las bebidas alcohólicas . “La ministra tampoco toma... si yo tengo que quitar esa medida de nuevo, lo hago”, advirtió a los diputados en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Dijo que la decisión se tomó “en base a estudios“ ”y que se le ha pedido a la población ser prudente.
Para el abogado Carlos Ernesto González, el problema además es la forma en cómo se están comunicando las medidas, ya que generan incertidumbre innecesaria, que puede afectar la credibilidad del equipo de salud que coordina la lucha contra la Covid-19. A juicio de González, se nos está tratando como “súbditos” y no como ciudadanos.
Señaló que como “ciudadanos (iguales)” la información que se genera debe ser clara, transparente y de acceso de toda la población.
En ese sentido, considera, por ejemplo, que las autoridades no deben hacer anuncios o conferencias de prensa con medidas que afectan a determinado sector sin antes haber redactado un decreto o una disposición con un fundamento claro.
El analista político Edwin Cabrera también coincide en que hay informaciones que no son bien comunicadas por las autoridades, lo que les trae complicaciones al Ejecutivo. Señaló que el tema de las bebidas alcohólicas dejó en evidencia la falta de comunicación al pasarse de una prohibición total a una medida “guachi guachi” complicada. Esta crisis, dijo, da paso a un debate que pronto tenemos que dar, pues se está ante “un estado interventor, administrado por el Ejecutivo, metiéndose en nuestras vidas, si debes libar licor o no, dónde tienes que estar, a qué hora debes salir y a qué hora no... ” argumentó.