Un grupo de ciudadanos presentó ayer una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en contra de la Resolución No. MEF - RES - 2022-103, dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 24 de enero pasado y mediante la cual traspasó al Municipio de Panamá tres fincas en la cinta costera.
Los terrenos fueron cedidos al Municipio de Panamá para la construcción del nuevo Mercado del Marisco, proyecto de $43 millones que ha generado el rechazo entre diversos sectores de la sociedad civil.
La abogada Giulia De Sanctis, quien forma parte del grupo de ciudadanos que presentó la demanda de nulidad, explicó que solicitan a la Sala Tercera que revise la legalidad del traspaso, porque el parque lineal urbano está bajo la administración del Ministerio de Obras Públicas y, de acuerdo con las normas, el MEF no tiene autorización para darle ese uso y administración al Municipio de Panamá.
De Sanctis señaló que cuando se hizo ese traspaso tampoco se realizó la consulta pública debida y al darle un nuevo uso a estos terrenos de la cinta costera se modifica y viola la norma que la rige.
“Nosotros consideramos que la Sala Tercera debe revisar si es legal o no lo que se hizo”, reiteró.
Los cuestionamientos al proyecto se deben a que en la la consulta ciudadana efectuada el 11 de noviembre de 2020 solo participaron 22 personas, es decir, 0.1% de la población del corregimiento de Calidonia, estimada en 22 mil.
Otro aspecto que genera descontento en la ciudadanía es que el Consejo Municipal de Panamá aprobó la utilización de los fondos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles, que le corresponden a todo el distrito de Panamá —una población de 1.25 millones de personas—, sin una consulta amplia, es decir, en la que participen personas de todos los corregimientos.
De hecho, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) investiga la aprobación del proyecto para la construcción de un nuevo Mercado del Marisco en la cinta costera, luego de que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional presentara la solicitud en febrero pasado.
