Ocho oenegés presentaron ayer ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el Decreto Ejecutivo 141 del 26 de octubre de 2021, que crea los certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas.
Para los ecologistas, la norma demandada, en lugar de reglamentar una disposición legal específica, crea los “certificados de uso de suelo en áreas protegidas”, figura jurídica “nueva y anómala”, sin ningún asidero legal.
Consideran que a través de los referidos certificados el Ejecutivo permitiría la “apropiación privada” de las reservas ecológicas, pese a que dicha apropiación está prohibida por la Constitución Política.
Las oenegés que presentaron la demanda de nulidad fueron el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, la Fundación para la Protección del Mar y la Fundación Panamá Sostenible. También figuran la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de Panamá, Proyecto Primates Panamá, Asociación ADOPTA Bosque Panamá y el Colegio de Biólogos de Panamá.
El valor
Según los demandantes, a pesar de ser las principales productoras de agua y nichos de biodiversidad del país, las áreas protegidas se encuentran bajo grandes amenazas y presiones.
Además, plantean que es un hecho público y notorio que el Ministerio de Ambiente no tiene guardaparques o personal suficiente para que las vigile y administre, y tampoco investiga eficazmente ni sanciona las denuncias por tala y actividades prohibidas, como vertimiento de desechos.
“Sin embargo, en lugar de fortalecer las pocas herramientas de control y administración que tiene, al emitir el Decreto Ejecutivo 141 el Ministerio favorece la invasión de las áreas protegidas y también le cede parte de sus competencias como ente rector de los recursos naturales y administrador de las áreas protegidas a la Autoridad Nacional de Tierras”, indica una nota de las oenegés.
Defensa
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, dijo que “respeta” la decisión de las personas que presentaron el recurso en la Corte.
No obstante, afirmó que el decreto pretende integrar a miles de panameños que residen en las áreas protegidas antes de su creación, a la gestión ambiental en las áreas protegidas. “Hoy día, la mayoría de estas personas ven como enemigo las áreas protegidas, porque no tienen sentido de pertenencia al sentirse intrusos”, indicó.
En palabras de Pinzón, al darle sentido de pertenencia a través de un certificado de uso van a sentir arraigo a sus tierras y las cuidarán, con las restricciones que establece cada área protegida.
