La declaratoria del estado de emergencia nacional y la emisión de una serie de decretos que restringen la movilización ciudadana y que afectan el ejercicio de algunas profesiones, como la de abogado, provocaron la presentación de una serie de recursos ante la Corte Suprema de Justicia e, incluso, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 23 de abril, en un reparto realizado en la Secretaría de la Corte, se asignó al magistrado Hernán De León una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Rony Batista contra la Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, que declaró el estado de emergencia nacional a raíz de la pandemia de Covid-19 y que dictó una serie de disposiciones, entre las que están la adquisición de bienes y obras y la aplicación de restricciones de la movilidad.
La demanda de Batista sostiene que en la Constitución no existe artículo alguno que autorice al Gabinete a decretar la emergencia nacional y que la acción afecta las libertades ciudadanas.
Mientras, el abogado Kevin Moncada presentó una denuncia contra el Estado ante la CIDH tras la imposición de salvoconductos con horarios a los abogados que atiendan clientes por situaciones de carácter penal o administrativo surgidas durante la crisis sanitaria.
Moncada pidió a la CIDH la aplicación de medidas urgentes a fin de garantizar el derecho humano de una defensa judicial efectiva y técnica y que este derecho no sea objeto de violaciones.
La denuncia de Moncada está dirigida contra el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, quien la semana pasada anunció la expedición de salvoconductos para los abogados con una duración de 8, 12 y 24 horas para la realización de trámites judiciales.
Según Moncada, los citados horarios son incongruentes, ya que ningún abogado es adivino para saber cuándo un cliente será detenido o requerirá de sus servicios y que ello es una flagrante violación del derecho de libre ejercicio de la profesión y de los derechos humanos de quienes afronten un proceso judicial, policial o administrativo.
En tanto, ayer, un grupo de abogados presentó ante la Corte 14 acciones de amparo de garantías constitucionales contra la aplicación de salvoconductos para los abogados litigantes.
También el abogado Gilberto Cruz presentó una denuncia penal contra Oliva por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad al expedir salvoconductos que restringen la movilidad de los abogados sin tener facultad para ello.
La semana pasada se presentaron dos amparos de garantías constitucionales contra el decreto 360 expedido por el Ministerio de Salud, que adopta restricciones contra la movilidad.