ACUERDO DE PAZ

‘El desafío es legitimarnos ante la mitad del país que nos mira con recelo’

‘El desafío es legitimarnos ante la mitad del país que nos mira con recelo’
‘El desafío es legitimarnos ante la mitad del país que nos mira con recelo’

Patricia Linares es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes cometidos durante más de medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En los primeros 10 meses de funcionamiento de este instrumento de los acuerdos de paz firmados en La Habana ha puesto a los líderes de la guerrilla desarmada a rendir cuentas sobre el secuestro de colombianos. “Hemos recibido 154 informes y estamos trabajando en 5 macrocasos. Solo el caso de secuestro implica alrededor de 9 mil víctimas y otros mil comparecientes”, señala Linares.

+info

Reporte de HRW: Colombia sufre violencia de rebeldes disidentesJusticia de paz en Colombia evalúa 'incumplimientos' de excomandante de las FARC

Sin embargo, son muchos los sectores críticos de la sociedad colombiana que siguen viendo a este tribunal como un engendro legal diseñado para las FARC. “Somos conscientes de que el desafío es lograr legitimarnos ante la mitad del país que nos mira con recelo”, reconoce.

1. Usted preside el instrumento más importante que nació después de los acuerdos de paz de La Habana. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para cerrar las heridas de más de 50 años de conflicto en Colombia?

Somos unos de los componentes del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición pactado entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC en La Habana, que se elevó a rango de norma constitucional. Somos un tribunal que administra justicia reparativa y que no descarta una justicia punitiva. Siempre habrá una sanción, pero condicionada al aporte real y material que hagan los distintos comparecientes a la verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a las garantías de no repetición. La justicia restaurativa también pretende contribuir a la reincorporación a la sociedad de quienes han estado combatiendo al Estado.

2. ¿Cómo funciona sobre el terreno?

La JEP se articula en torno a tres salas. La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad es la principal entrada de los casos. Operamos a partir de criterios de selección y priorización de casos porque no podemos resolver caso a caso medio siglo de guerra interna. A partir de los informes que entregan la fiscalía, la procuraduría, los órganos de control en Colombia y principalmente las víctimas, se arman macrocasos. En 10 meses de funcionamientos hemos recibido 154 informes y estamos trabajando en cinco macrocasos. Solo el caso de secuestro implica alrededor de 9 mil víctimas y otros mil comparecientes. En paralelo funciona la sala de definición de situaciones jurídicas, que se ocupa de la situación principalmente de agentes del Estado donde hay postulados más de 2 mil personas. Por último, está la sala de amnistía, que se ocupa de discernir si a la situación de los comparecientes con base en lo acordado en La Habana se puede aplicar un indulto.

‘El desafío es legitimarnos ante la mitad del país que nos mira con recelo’
‘El desafío es legitimarnos ante la mitad del país que nos mira con recelo’

3. ¿Cuáles son los delitos que no entrarían en la amnistía o en el indulto?

Son los delitos que de acuerdo con la Constitución colombiana y la legislación internacional se califican como de lesa humanidad o crímenes de guerra.

4. ¿Cómo va a ser de rápido este proceso?

La jurisdicción tiene un plazo inicial de 10 años prorrogables por 5 años para analizar todo esto. Son procesos muy complejos en los que por primera vez las víctimas van a tener un lugar central en los procesos. Es un trabajo complejo que realizamos con la presión de la angustia y la ansiedad de miles de millones de víctimas, pero tenemos que garantizar las condiciones de seguridad jurídica. Aspiramos a poder contar con una primera resolución de conclusiones en torno al primer semestre del año próximo.

5. ¿Se corre el riesgo de ser un proceso demasiado normativo que acabe en frustración para la sociedad y para las víctimas?

La sociedad colombiana pide resultados y hay mucha inquietud para que se produzcan decisiones prontas en todos los ámbitos. Pero todo proceso judicial tiene sustento normativo. Nosotros somos un componente del sistema integral, pero también hay dos instancias -la Comisión de esclarecimiento de la verdad y la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas- que no son judiciales y, por tanto, no están sujetas a la ritualidad regulatoria.

6. Guerrilleros y militares están siendo juzgados por igual en un proceso similar, pero no idéntico. ¿Cuáles son las diferencias?

La vocación del sistema integral está orientada al cierre del conflicto, a reparar heridas y a recoser el tejido social. Por eso se analizan las conductas de todos los actores, ya sean ex FARC o militares que han podido violar los derechos humanos. Se aplica el principio de simetría y simultaneidad, pero con un trato diferente. No es lo mismo juzgar a un guerrillero que estaba por fuera del marco estatal, que a una persona que en cumplimiento de su función constitucional en algún momento cruzó la raya e incursionó en conductas delictivas.

Perfil

Patricia Linares. Abogada. Fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, procuradora delegada para los Derechos Humanos, y en 2017 fue designada como la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz.



7. Los sectores más críticos han tildado a la JEP de tribunal de la impunidad. El presidente Iván Duque es uno de ellos. Prometió en campaña corregir los acuerdos de paz a pesar de que esto implicaría una reforma constitucional que en Colombia podría tardar un mínimo de dos años. ¿Está blindada la supervivencia del tribunal que usted preside o depende de los designios del poder ejecutivo?

La Corte constitucional colombiana ha señalado que los acuerdos de La Habana han de ser respetados en su esencia durante tres periodos presidenciales. Podría decirse que son acuerdos de Estado, no de Gobierno. Además, cuando fue erigido presidente, Duque manifestó que respetará los acuerdos y que cumplirá con lo que corresponde. Aunque es cierto que su partido manifiesta muchas reservas y ya ha tramitado algunas de ellas por los conductos democráticos disponibles. No está prohibido emprender una reforma, puede haber ajustes que se deben poner en marcha en el Congreso de la República, pero la paz es irreversible.

8. ¿Cree que la sociedad colombiana, que ha estado dividida sobre los acuerdos, ha entendido el propósito de la JEP y la priorización que se le está dando a las víctimas?

La JEP lleva apenas 10 meses funcionando. Pero sabemos que gran parte de la responsabilidad de los acuerdos recae en nosotros. Somos conscientes de que el desafío es lograr legitimarnos ante la mitad del país que nos mira con recelo. Ahora bien, el éxito total del proceso de paz no solo depende de los componentes del sistema integral, sino también de un proyecto de reintegración para cumplir con la aspiración de quienes quieren volver a formar parte de la sociedad civil del Estado colombiano.

Edición Impresa