Este fin de semana, el cantautor y excandidato presidencial Rubén Blades encendió las alarmas de quienes defienden el balance de los tres poderes del Estado. Sugirió “cerrar la Asamblea Nacional” y que el Ejecutivo gobierne por decreto si los diputados se resisten a desmantelar la estructura clientelista del Estado.
Más allá, de la viabilidad de su reflexión, Blades volvió a poner en el debate un tema recurrente: cómo zafarse de las prácticas clientelistas del Estado que, según los expertos, atentan contra la propia democracia. El incremento de la planilla estatal, el uso las contrataciones públicas y hasta los cambios en las circunscripciones electorales evidencian el clientelismo político.
El clientelismo, una práctica que carcome la democracia
¿Es Panamá un Estado clientelista? En los últimos años organizaciones de la sociedad civil y activistas políticos independientes lo han planteado una y otra vez. Rubén Blades, ícono musical de Panamá y excandidato presidencial (1994) por el Movimiento Papa Egoró, volvió a poner el debate sobre la mesa durante una entrevista este fin de semana con reflexiones polémicas
A su juicio, el desmantelamiento de un Estado con estas prácticas, en el que, por ejemplo, se usa la planilla estatal con fines políticos, debe ser la hoja de ruta para la persona que asuma el control del Palacio de las Garzas a partir del 1 de julio de 2024.
Blades, quien sirvió en el Gabinete de Martín Torrijos (2004-2009), argumenta que se necesita “un nuevo paradigma administrativo” en Panamá.
En entrevista en el programa dominical, Radar, de TVN, planteó medidas como cerrar ministerios y “secar las áreas que nutren a la corrupción para tener la posibilidad de fundar un Estado eficiente”. Durante su intervención, mencionó varias veces el Estado clientelista, tal cual lo ha hecho en sus escritos. Incluso sugirió “cerrar” la Asamblea Nacional y gobernar por decreto-ley, en el caso de que los diputados se nieguen a desmantelar esta estructura de la que muchos de ellos se benefician.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), considera que, en efecto, Panamá es un Estado clientelista, y esto se ve reflejado en la actividad política y social del país.
Señala que el clientelismo, definido como un intercambio de prestaciones, ventajas o favores a cambio de apoyo electoral, puede tomar muchas formas.
Dio tres ejemplos puntuales que evidencian la existencia de un Estado clientelista, el cual, agrega, ha pasado de ser “un clientelismo material a uno cultural”. En primer lugar mencionó la utilización de la planilla estatal como un botín político por parte de las administraciones de turno. Recordó la decisión del actual Ejecutivo en 2019 de “desarticular lo poquito que se aplicaba de la ley de carrera administrativa”. Durante la pandemia, resaltó el endeudamiento para continuar pagando y aumentando la planilla estatal, que hoy roza las 300 mil personas.
En segundo lugar, hizo hincapié en la organización de las votaciones en los circuitos electorales y cómo los entes políticos se organizan a nivel de comunidades. “El repartir y prometer”, argumentó, “se incrementa un año o meses antes de la elección”. Resaltó también el alza en inscripciones en partidos políticos una vez se da un cambio de gobierno. Actualmente, por ejemplo, el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) tiene el mayor número de integrantes en su historia. Según las cifras más recientes del Tribunal Electoral (TE), el PRD tiene 697 mil 320 inscritos. Al momento de asumir el poder en julio de 2019, el total de inscritos era de 572 mil 925.
Si bien otros factores afectan la afiliación partidista en Panamá, de Obaldía sostiene que encuestas y estudios llevados a cabo por Transparencia Internacional muestran la “pequeña corrupción” en forma de inscripciones en partidos políticos a cambio de beneficios sociales de distintos tipos.
En tercer lugar, de Obaldía resaltó que otro aspecto de la cultura del Estado clientelista se puede observar en las contrataciones públicas con el sector privado. “No hay un campo de juego para que los proveedores y contratistas puedan acceder, en términos de igualdad, al mayor contratista del país, que es el Estado”, dijo.
Recordó que el clientelismo genera una inequidad del poder a nivel de las estructuras políticas y, a su vez, le hace mucho daño a la representatividad democrática. Uno de los tres roles de la Asamblea Nacional, por ejemplo, más allá de legislar y fiscalizar, es actuar en representación real de los votantes. Para de Obaldía, la utilización de las instituciones para perpetuarse en el poder con prácticas clientistas generan una falta de representación, pues los diputados no parecen legislar de acuerdo al sentir de la ciudadanía.
