La vacante del defensor del Pueblo y las de tres magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia y seis suplentes tuvieron sus entrevistas en la semana que termina.
Los 24 aspirantes a defensor del Pueblo se presentaron los días martes y miércoles ante el pleno de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, en la que cada uno, durante aproximadamente 15 minutos, expuso su historial y su visión del rol del defensor del Pueblo.
Algunos diputados les hacían preguntas, luego de lo cual el diputado presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Leandro Ávila, pronunciaba las palabras mágicas de que el aspirante cumplía con todos los requisitos para ser ombudsman y sus documentos pasaban al conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional.
Mientras tanto, en la Presidencia de la República se entregaban los informes de la empresa consultora, especialista en recursos humanos, que viene estudiando a cada uno de los 32 aspirantes a magistrados principales y suplentes de la Corte Suprema de justicia.
A cada jurista se le aplicaron pruebas psicométricas y se estudiaron sus antecedentes.
El informe de los consultores sobre los 32 aspirantes es un insumo que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, está utilizando para evaluar a los aspirantes.
El presidente Cortizo se comprometió a realizar una breve entrevista personal con cada uno para tomar su decisión, que será anunciada el lunes 25 de noviembre.
El uso de pruebas psicométricas y de una empresa consultora de recursos humanos ha adquirido muchísima visibilidad este año. Ese fue el método con el cual la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) seleccionó a su actual administrador, el economista Ricaurte Vásquez.
Igual proceso fue utilizado para la escogencia del director general de la Caja de Seguro Social (CSS), el galeno Enrique Lau Cortés.
Ahora, Cortizo lo ha extendido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa de aplicar pruebas psicométricas a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema no es nueva. Esta propuesta fue adelantada por la organización de la sociedad civil Movin para el proceso de evaluación de los aspirantes a la Corte Suprema en 2015. Del entonces controvertido procedimiento se produjo una lista en orden de puntaje de los aspirantes, según sus entrevistas, las pruebas psicométricas y un cuestionario de problemas jurídicos que debían resolver.
El Colegio Nacional de Abogados manifestó públicamente su inconformidad con ese procedimiento de evaluación. El entonces presidente Juan Carlos Varela procedió a seleccionar a dos aspirantes que estaban en la parte media de la lista: Cecilio Cedalise y Ángela Russo. Para las siguientes designaciones, Varela abandonó el procedimiento.
En la legislación panameña no existe ningún criterio ni mandato que obligue al Presidente de la República a aplicar un procedimiento específico para la designación de los altos cargos en los organismos estatales.
El gobierno del presidente Martín Torrijos aprobó la resolución de gabinete 91 del 23 de noviembre de 2005, con la que se creó una Comisión Especial de Evaluación, que luego sería reglamentada por el Decreto Ejecutivo 264-A del 25 de noviembre de 2005, por el que se nombran a los miembros de la Comisión Especial de Evaluación y se les atribuye como única función entrevistar y considerar a los aspirantes a dos vacantes de magistrados principales y suplentes de la Corte Suprema de Justicia.
La comisión tendría 10 días calendarios para remitir la lista de los aspirantes en orden alfabético y sin ninguna puntuación. Este método fue puesto de lado en gobiernos posteriores, pero finalmente fue restaurado por la administración de Cortizo.
En cuanto a la Asamblea Nacional, para cada designación que debe realizar, como la del contralor y subcontralor general de la República, el defensor del Pueblo, un miembro de la junta directiva de la ACP, un magistrado del Tribunal Electoral y otro del Tribunal de Cuentas, los diputados establecen una metodología particular.
La que ha dominado en los últimos tiempos es que los aspirantes son verificados por una de las comisiones permanentes de la Asamblea y luego remitidos al pleno. En esta fase, aquellos aspirantes que reciben el apoyo de un diputado serán candidatizados para el cargo respectivo, y el que reciba los votos de la mayoría resultará el designado. No hay pruebas psicométricas ni evaluaciones por parte de comisiones especiales. Solo reina la política pura y dura.
La Asamblea Nacional ha rechazado en el pasado reciente a magistrados designados por el órgano Ejecutivo, sin importar la forma de su evaluación o selección. Sin embargo, el Ejecutivo no puede rechazar a ninguno de los funcionarios designados por la Asamblea.