Un recurso de apelación fue presentado por la defensa legal del empresario Charles Bonilla contra el fallo del Segundo Tribunal de Justicia que confirmó la condena por irregularidades en la adquisición de llantas para la flota vehicular del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN) cuando era dirigido por Rafael Guardia Jaén (2012-2014).
Bonilla, dueño de la empresa Free Port PTY S.A., es una de las tres personas condenadas en este proceso. Los otros son Edwin Miguel Serracín Pineda y Ana Victoria Andrión Mejía, exjefes de los departamentos del PAN de Almacén y Transporte del PAN, respectivamente.
Bonilla. quien fue descrito por la Fiscalía Antiticorrupción como muy cercano de Guardia Jaén, fue condenado a 80 meses de prisión por el delito de corrupción de servidores públicos.
Orlando Castillo, abogado de Bonilla, alega que el juez primario (Leslie Loaiza) “utilizó y valoró indebida e ilegalmente” un informe de auditoría de la Contraloría como pieza probatoria fundamental para condenar a Serracín y Andrión. Agrega que dicho informe no relaciona a su cliente con la lesión al Estado.
El citado documento determinó que hubo una lesión patrimonial “producto de sobrecosto en la compra de llantas para toda la flota de vehículos del PAN” superior a los 110 mil dólares.
La defensa dice que el Tribunal parece desconocer las normas generales y especiales del Código Penal al afirmar que Bonilla utilizó su empresa para beneficiar a Guardia Jaén, no obstante fue sancionado como cómplice primario de un delito distinto, lo cual, según Bonilla, evidencia que el Tribunal no distingue entre una y otra figura penal.
En febrero de 2019 el hoy extinto Juzgado Decimoquinto, a cargo de Loaiza, aprobó un acuerdo de colaboración entre la Fiscalía Anticorrupción y Guardia Jaén referente a este caso.