El único diputado que pudo intervenir en el fallido debate del proyecto de ley 245, que permite los acuerdos de pena en el sistema inquisitivo, fue el integrante del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) Miguel Fanovich.
El político pretendía que el Ministerio Público (MP) le respondiera varias interrogantes que tiene sobre la iniciativa, pero los representantes de esa corporación no asistieron ayer al Palacio Justo Arosemena.
“Nuestro equipo legal detectó violaciones a los preceptos de la Corte Interamericana [De Derechos Humanos] (...) tenemos cinco preguntas. Hay muchas inquietudes en cuanto a la presentación de este proyecto”, explicó más adelante el diputado del Molirena.
EL ACUERDO
La propuesta legislativa permitiría al MP, por ejemplo, establecer acuerdos de pena con la constructora Odebrecht, quien admitió haber pagado al menos $59 millones en sobornos a exfuncionarios panameños y personas naturales para hacerse con millonarias obras de infraestructura.
Sin embargo, este aspecto, que en el proyecto está contenido en el artículo 20, mantiene trancada la discusión en segundo debate. Los principales opositores a esta disposición, según ha trascendido en el pleno legislativo, son los diputados del partido Cambio Democrático (CD), pero parte de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) también se opone.
Luego de la breve participación del diputado del Molirena, la sesión entró en receso. En ese lapso, la bancada del PRD se ausentó del hemiciclo legislativo por un extenso periodo, y paulatinamente los pocos diputados que quedaban se fueron retirando. Finalmente, la sesión se dio por concluida pasadas las 7:00 de la noche.
Pese a que algunos diputados culpaban al MP del hecho de que se cayera la sesión del día de ayer, el diputado del Partido Panameñista Jorge Alberto Rosas responsabilizó al PRD. “No puedo entender cómo diputados del PRD se oponen a la discusión para saber qué personas recibieron coimas en Panamá”, dijo.
El diputado panameñista hizo referencia específicamente al artículo 20 que permitiría la delación premiada. “Tengo que señalar que países como Perú y otros de Latinoamérica donde prevalece el sistema penal acusatorio, hoy identifican a funcionarios o exfuncionarios involucrados directamente con recibir sobornos (…) En Panamá todavía se está tratando de introducir esa norma”, sustentó.
Por su parte el diputado del Partido Popular, Juan Carlos Arango, aliado de los panameñistas, asegura que es una “falta de respeto” que las autoridades del Ministerio Público no estuvieran en el pleno. “Más aun cuando ellos quieren esta herramienta para poder adelantar las investigaciones de Odebrecht. Cuando otro órgano del Estado trae una propuesta a la Asamblea, la respeto y apoyo, pero hoy [ayer lunes] se ausentaron”, advirtió.
“El artículo 20 es el más polémico; sin embargo, este proyecto de ley también busca proveerle herramientas al Ministerio de Gobierno para evitar el hacinamiento [en las cárceles del país]; es una lástima que una ley tan noble para ayudar a las personas que están en una situación inhumana en las cárceles, esté complicada por un artículo que no tiene nada que ver”, agregó Arango.
Gremios del país, como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, han manifestado que “es imprescindible” que en la Asamblea Nacional se le dé un debate de altura al proyecto 245. Consideran que el mismo permitiría que se simplifique el proceso y se brinde celeridad a los casos cuya investigación empezó con el sistema penal inquisitivo, que a partir del 2 de septiembre de 2016 fue reemplazado por el sistema penal acusatorio.
El proyecto de ley fue presentado el 21 de septiembre de 2015 por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado; sin embargo, el artículo 20 que introduce los acuerdos de penas al sistema inquisitivo fue introducido en el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el perredista Quibián Panay, el pasado 11 de enero.