El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009_2014) está en la lista de 25 personas para las que el Ministerio Público pidió juicio por el caso New Business, la investigación que le sigue la pista a la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en 2010, con fondos presuntamente públicos.
A todos se les procesa por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Martinelli fue llamado a indagatoria por este caso el 2 de julio de 2020. Pero cuando acudió a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada – a cargo del caso– se acogió al artículo 25 de la Constitución para no declarar contra sí mismo y argumentó que lo amparaba el principio de especialidad consignado en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos.
Más adelante, el fiscal Emeldo Márquez desestimó su posición al argumentar que el Ministerio Público tiene “la obligación de perseguir los delitos”.
La lista
¿Quiénes son los 24 restantes? En esa lista aparecen nombres que tienen un denominador común: muchos fueron contratistas del Estado durante la administración de Martinelli y enfrentan otros casos judiciales que se relacionan entre sí. New Business parece ser la pieza del rompecabezas que une a sonados procesos judiciales. (Ver gráfica).
Por ejemplo, están los hermanos Ochy (David, Daniel, y Dina Mar), dueños de TCT, constructora que obtuvo múltiples contratos con el gobierno entre 2009 y 2014. Los Ochy también son mencionados en otros procesos, como el de supuestas irregularidades en la ejecución del proyecto de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera.
Datos recopilados por la Dirección de Investigación Judicial para la fiscalía indican que TCT transfirió $3 millones a al menos 10 sociedades controladas por empresarios y comerciantes del país, “lo cual tuvo como desenlace la adquisición de las acciones de la sociedad Editora Panamá América, S.A., en el año 2010”. Ese mismo informe de la DIJ también dejó al descubierto que TCT obtuvo un contrato del Estado por $152.6 millones para el diseño, construcción y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera, y que durante la ejecución de esa obra el Ministerio de Economía y Finanzas le pagó $22 millones en concepto de adelanto, dinero que ingresó al sistema financiero “y luego fue movilizado a través de múltiples operaciones financieras a distintas cuentas bancarias, entre ellas una de nombre New Business”.
Mientras que Gabriel Btesh, quien en su momento formó parte del círculo cero de Martinelli, también fue vinculado a varios casos. Uno de ellos es sobre el proyecto Riego de Tonosí, en el que el gobierno pagó $31 millones a Hidalgo & Hidalgo (H&H), que nunca hizo la obra. En esta pesquisa también es mencionado Felipe Pipo Virzi, otro para quien la fiscalía pidió juicio por New Business. Btesh y Virzi también aparecen en un caso de TCT que protagonizan los Ochy.
Mientras que Iván Clare, fue uno de los directivos de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), que fue acusada de manipular el mercado de valores en favor de Martinelli, investigación en la que también figuró Aaaron Mizrachi. Clare también fue investigado en el caso por supuestas irregularidades en un millonario préstamo que dio la Caja de Ahorros al consorcio al que el gobierno de Martinelli adjudicó la construcción del fallido centro de convenciones de Amador.
La DIJ, en su informe, advirtió que se usó una cuenta bancaria a nombre de FP, en la que figuró Clare. Esa cuenta hizo una transacción de $1.9 millones que se usó para la compra de Epasa.
En tanto que Pia María Tolomei, Isabella Bruno Tolomei, Janeth Vásquez y Vernos Salazar están vinculados a la sociedad Condotte Panamá y Asociados, S.A., que formó parte del consorcio que se adjudicó la fallida construcción de los proyectos de las ciudades deportivas en Colón y David. A su vez, Condotte Panamá y Asociados, S.A. fue una de las ocho sociedades que aportaron fondos para pagar el préstamo de la Caja de Ahorros.
Lo que dijo Chanis
Mientras que Ricardo Chanis Correa, otro de los imputados, acudió a la fiscalía en febrero 2020, y dijo que la compra de Epasa implicó el desembolso de $47 millones, que incluyó el pago en efectivo de una deuda de Epasa al Banco General –de $12.5 millones–, la que en un primer momento pagó Martinelli en calidad de “préstamo de accionista”.
Según Chanis, que por un tiempo ejerció como presidente de Epasa, se armó una compleja arquitectura financiera para proteger la identidad de los nuevos dueños del medio de comunicación: los bienes pasaron a ser propiedad de TPAHC, Inc. –creada el 7 de diciembre de 2010– dos semanas antes de la compra. Martinelli Berrocal, según Chanis, sería dueño del 60% de las acciones.
El acuerdo
La semana pasada el Ministerio Público informó que se había recuperado $9.2 millones en acciones de Epasa, lo que equivale al 30% del total de acciones.
De esa cantidad, 20% corresponden a las acciones de Henri Mizrachi Kohen. Se desconoce a quién pertenece el 10% restante.
Mizrachi entregó las acciones como parte de un acuerdo de colaboración (ya validado) con la fiscalía.
Mizrachi, quien hasta entonces figuraba como uno de los imputados en el expediente, fue excluido del proceso penal y se dejó sin efecto la medida cautelar de impedimento de salida del país, que le había sido impuesta en 2018.