Los fiscales superiores Nahaniel Murgas, Zuleika Moore, Adecio Mojica y Ruth Morcillo, que fueron enviados de vacaciones el 24 de noviembre de 2021 a raíz de una denuncia presentada por la exministra de Educación Lucy Molinar, retornaron a sus labores en el Ministerio Público (MP).
Fuentes de la institución informaron que algunos de estos fiscales fueron enviados a asignaciones en despachos creados para atacar el rezago judicial en ciertas especialidades.
De acuerdo con las fuentes del Ministerio Público, la única fiscal que no retornó por motivos de salud fue Tania Sterling, quien presentó una incapacidad.
Sterling había sido enviada de vacaciones por 45 días en junio de 2021, pero ese período fue prorrogado hasta este mes de abril de 2022.
La denuncia presentada por Molinar contra los fiscales –por la presunta comisión de los delitos de simulación de hecho punible, calumnia en actuaciones judiciales, entre otros– se fundamentó en una declaración efectuada por Abraham Williams, también conocido como el testigo protegido Euro 14, quien colaboró con la Fiscalías Anticorrupción en los casos de presunta corrupción detectados en el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) y que habrían sido perpetrados durante el quinquenio 2009-2014.
En una audiencia celebrada el 16 de noviembre de 2021, relacionada con el proceso seguido por el Ministerio Público debido a la compra presuntamente irregular de granos a través del PAN, Williams mencionó que fue presionado al momento de rendir declaración para que vinculara a altos funcionarios de la administración del entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli.
Sin embargo, su abogado David Cuevas manifestó que su cliente lo que hizo fue señalar a la jueza que él había sido objeto de presiones desde antes de rendir su testimonio, durante su testimonio y después de este, para que involucrara en su declaración a personeros del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli y que él nunca accedió.
En su momento, el Ministerio Público indicó en un comunicado que, en el caso de que se comprobara la existencia “de algún hecho irregular”, haría lo correspondiente para que se aplicaran las sanciones penales o administrativas que ameritaran.
