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Fiscalía regresa al juzgado liquidador para revisar el expediente de José Cossio

Fiscalía regresa  al juzgado liquidador para revisar el expediente de José Cossio
José Cossio fue capturado el 28 de agosto pasado en un retén en Costa del Este. Archivo

La Fiscalía Superior Anticorrupción practicó ayer una segunda diligencia en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, relacionada con la investigación que adelanta por la liberación irregular de José Cossio, señalado como presunto cabecilla de la pandilla Calor Calor.

Fuentes ligadas a la investigación precisaron que la fiscal Ruth Morcillo –a cargo de las pesquisas– acudió ayer al juzgado para verificar el expediente original que reposa en ese juzgado y que contiene las resoluciones con las que se concedió la libertad de Cossio.

Entre esas resoluciones, la fiscalía pidió acceso a las que fueron entregadas a la Dirección General de Sistema Penitenciario, entidad en la que, previamente, fue hallada copia de una resolución fechada el 16 de septiembre de 2020, la cual certificó que Cossio ya había completado las penas por delitos relacionados con drogas y evasión –aunque no era así–, e instruyó al director de la cárcel de Punta Coco, Rafael Vargas, para que lo liberara.

La fiscal Morcillo tiene pendiente interrogar al juez suplente Gerardo Ríos, quien autorizó la excarcelación de Cossio el 14 de septiembre de 2020, pese a que, como se dijo, no había cumplido la totalidad de la pena de 74 meses de cárcel.

Cossio fue detenido nuevamente el pasado 28 de agosto en un retén policial en Costa del Este, luego de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó la orden de liberación dictada por el juez Ríos.

El pasado 3 de septiembre, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, y la presidenta de la Sala Segunda de lo Penal, María Eugenia López Arias, presentaron una denuncia a raíz de las irregularidades que rodean este proceso.

Cossio fue trasladado nuevamente a la cárcel de Punta Coco, en isla del Rey, a pesar de que sus abogados han señalado que ese traslado atenta contra su derecho a la defensa.


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