Al reanudarse ayer la audiencia preliminar del caso Blue Apple –que guarda relación con el presunto pago de sobornos de contratistas del Estado a funcionarios en el quinquenio 2009-2014–, el político Sergio González Ruiz solicitó que el Ministerio Público (MP) le devuelva el dinero que entregó en medio de las pesquisas.
González Ruiz, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y expresidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, es uno de los 51 imputados en el proceso. Su abogado, Arturo González Baso, alegó ante la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, que su cliente fue presionado por la fiscalía al momento de rendir declaración indagatoria y por eso entregó el dinero, cuyo monto, empero, no especificó.
El político fue director de la Lotería Nacional de Beneficencia en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
El abogado también pidió al juzgado remitir copias del expediente a las autoridades competentes para que procesen a los funcionarios que actuaron al margen de la ley contra su representado.
En 2019, fuentes ligadas al caso revelaron a este diario que González Ruiz gestionaba un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía Sexta Anticorrupción y que había manifestado su intención de que su proceso fuese ventilado por la justicia ordinaria, para lo cual renunciaría a su condición de diputado del Parlacen.
Dos años más tarde, no se sabe en qué concluyó dicha gestión, pero, como se ha dicho, el político forma parte de los imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales y su defensa ha comparecido al juicio, lo que quiere decir que, en efecto, se despojó de sus prerrogativas como diputado, porque de lo contrario tendría que ser la Corte Suprema de Justicia la que conociera su proceso.
En este escenario, su abogado pidió ayer a la jueza Marquínez su sobreseimiento definitivo.
Más defensas
Ayer intervinieron en la audiencia los abogados de 16 imputados, entre ellos, Basilio González, del exministro de Obras Públicas Jaime Ford; Marcela Araúz, de Riccardo Francolini; Arturo Muñoz, de George Moreno Pérez; Rodolfo Palma Guerra, de Jaime Martín de la Espriella. Todos pidieron sobreseimientos definitivos para sus clientes. Algunos, además, el cambio de medidas cautelares.
Alejandro Pérez, representante de la empresa Corporación de Energía del Istmo (persona jurídica), pidió a la jueza que decrete la prescripción de la acción penal y otorgue sobreseimiento definitivo la empresa. Además, que se compulsen copias del expediente para que se investigue al fiscal Aurelio Vásquez.
Por su lado, Luis Eduardo Camacho González, quien representa a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, dijo que por el estrado ha desfilado abogados que, según él, “han sido constantes en señalar las presiones ejercidas por el Ministerio Público a sus clientes y a otras personas dentro de la investigación a fin de doblegar su voluntad”.
La audiencia del caso sigue hoy a las 9:00 a.m.
