Detrás de la decisión de la Autoridad de Tránsito y Transporte de Panamá (ATTT) de ignorar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le permite a las plataformas digitales de transporte volver a cobrar en efectivo, subyace un debate mucho más profundo: el respeto a la institucionalidad del país.

Así lo advirtió ayer el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha. “Preocupa que se quiera jugar a la justicia para no acatar una decisión jurisdiccional. Eso en un país democrático debe ser rechazado por todos”, señaló.

En tanto, el también magistrado José Ayú Prado reiteró la necesidad de acatar el fallo y dijo que solo las partes, y no otros, pueden presentar un incidente de desacato.

Decisión de la ATTT se mantiene hasta que se aclare la sentencia

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantendrá la posición emitida en un comunicado del pasado 21 de febrero, sobre las plataformas digitales de transporte, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie sobre la aclaración de sentencia solicitada.

Así lo comunicó a este medio Carlos Ordoñez, secretario general de la ATTT, al ser consultado sobre la suspensión del cobro en efectivo a las plataformas tipo Uber y su operación en todo el país, medidas que fueron declaradas nulas, por ilegal, por la CSJ, a través de un fallo de diciembre de 2019.

El funcionario manifestó que la decisión de emitir el comunicado fue evaluada con los asesores de la entidad y de otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad de Turismo y la Presidencia de la República.

De hecho, el 18 de febrero, tres días antes de que la ATTT emitiera el comunicado, representantes de la Cámara Nacional del Transporte (Canatra) y del Consejo de Transporte del Interior (Cotradin) caminaron hasta la Presidencia de la República en rechazo al fallo de la CSJ. Ese día se acordó instalar una mesa de trabajo y diálogo permanente con la dirigencia nacional del transporte selectivo y esas entidades de gobierno, y que estos analizarían “los temas que contemplaba el citado decreto y que ha generado inquietud entre los transportistas, como el futuro de esta norma que autorizaba el cobro en efectivo de las plataformas digitales [...]”.

“El criterio que se maneja en la Autoridad es que al presentar el tema de la aclaración la sentencia [solicitada por la Canatra] no está en firme y ejecutoriada. Si una sentencia no está firme ni ejecutoriada no puede surtir efecto; tiene que estar aclarado lo que se presentó”, argumentó Ordoñez, negando así que se esté afectando la seguridad jurídica del país.

El funcionario reiteró que todos los abogados consultados determinaron que el efecto de una aclaración es que no deja la sentencia en firme. Alegó que ellos no han prohibido nada, puesto que el Decreto 331 de 2017 está vigente. “Lo que no puede surtir efecto es la sentencia de la Corte en la que se eliminan unas palabras del decreto, permite el cobro en efectivo y que el servicio se preste en todo el país, debido a que aún no se dirime s la aclaración presentada por la Cámara Nacional de Transporte”, remarcó.

“Ese término de que estamos prohibiendo el cobro está mal utilizado […] lo que quisimos decir con el comunicado es que el Decreto 331 se aplica tal como estaba en 2017, antes de que saliera la sentencia”, agregó.

Según Ordoñez, apenas salga la aclaración ellos acogerán el fallo.

En su momento, la abogada de la Canatra Dorina Pérez señaló que si hubiese existido una afectación a la seguridad jurídica del país, los abogados de la Presidencia no hubiesen respaldado la decisión.

Sobre el tema, el magistrado de la CSJ José Ayú Prado dijo ayer que “la Corte ya emitió una decisión. Esa decisión debe acatarse y estamos seguros de que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y los usuarios del sistema van a ponerse de acuerdo para acatar el fallo”.

Luis Torres, de la Asociación de Usuarios de Transporte Público, quien fue invitado a la reunión entre el Gobierno y el sector transporte el pasado jueves, afirmó que dejó claro en la mesa de diálogo que “no se puede quitar Uber ni las otras plataformas de transporte ni se pueden quitar los taxis amarillos. Nosotros [los usuarios] necesitamos el servicio y los dos nos dan el servicio”.

Manifestó que si los taxis amarillos no se ponen en regla y siguen ofreciendo el servicio sin uniforme, con la música a alto volumen, teniendo los vidrios de sus vehículos con papel ahumado, que se les saque; y que a Uber y las otras plataformas, si las quieren reglamentar, que vayan viendo cómo se les pone uniforme y logo al carro, por la seguridad del usuario.

Aseguró que tienen muchas quejas de usuarios que no pueden recuperar sus cosas si se les quedan en un Uber, igual que sucede con los taxis amarillos.

En medio de esta polémica, desde el pasado 19 de febrero –cuando se dio la primera reunión de la mesa de diálogo– la Defensoría del Pueblo, a cargo de Maribel Coco, está ejerciendo la representación de los usuarios.

¿La razón? Hace al menos seis meses, a los representantes de los usuarios en la junta directiva de la ATTT se les venció su periodo. Le corresponde a la Defensoría del Pueblo elegir, en marzo próximo, por medio de una tómbola, a cinco principales y cinco suplentes para que asuman esa función.

Coco dijo que en la mesa de diálogo la Defensoría mantiene un representante, mientras se escogen los nuevos directivos.

El secretario general de la ATTT precisó que en las reuniones entre el gobierno y el sector transportista se dejó claro que no se derogará el Decreto 331 de octubre de 2017. “Eso ya se aclaró, que no tenemos la facultad para derogarlo”.

Se prevé que el próximo miércoles, en la mesa técnico jurídica del gobierno y los transportistas, se pondrán sobre la mesa las propuestas para regular el servicio de transporte en las plataformas tecnológicas.

Aminta Bustamante

Reportera Política.