Un duro golpe recibió la investigación adelantada por el Ministerio Público por la apropiación presuntamente irregular de 2,600 hectáreas de bosques en el Corredor Biológico Mesoamerciano, luego de que la Corte Suprema de Justicia mantuviera la anulación de 13 tomos del sumario.
El fallo, bajo la ponencia del magistrado Hernán De Léon, mantuvo una decisión del Segundo Tribunal de Justicia que rechazó la petición de causa compleja de esta investigación por considerar que se presentó de manera extemporánea.
La investigación, que se inició en el año 2016 a raíz de una publicación del diario La Prensa, dejó al descubierto una red de funcionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y particulares que se asociaron para titular, de forma irregular, tierras en áreas protegidas.
Tierras protegidas, en riesgo por fallo de CSJ
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia confirmó una decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia que declaró nulos 13 tomos de una investigación adelantada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada contra un grupo de 20 personas, entre funcionarios y particulares, que se apropiaron de más 2,600 hectáreas de bosques pertenecientes al Corredor Biológico Mesoamericano en el distrito de Donoso y Coclé del Norte.
El fallo, con fecha del 30 de julio pasado, y bajo la ponencia del magistrado Hernán De León, no admitió un amparo presentado por el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, que pretendía revocar la decisión del Segundo Tribunal de Justicia de no calificar como causa compleja la investigación y de anular parte de las sumarias.
De acuerdo con el fallo, el amparo presentado por el fiscal Marquez incurrió en el error de no aportar una explicación individualizada para cada una de las disposiciones constitucionales infringida por el Segundo Tribunal de Justicia en su resolución 105-19 de 12 de septiembre 2019, en la que anuló la calificación de causa compleja de la investigación.
Agrega que sin el debido fundamento de infracción, el pleno de la Corte no puede hacer un análisis para determinar el sustento del recurso del Ministerio Público (MP).
Salvamento de voto
Pero no todos estuvieron de acuerdo. El magistrado Olmedo Arrocha, en un salvamento de voto, dijo discrepar con la decisión asumida por el resto de los magistrados de la Corte.
Según Arrocha, la decisión de rechazar la calificación de causa compleja obedecía a que supuestamente la solicitud fue hecha fuera de término. Sin embargo, detalla que la fiscalía sí hizo la solicitud de forma oportuna, pero fue recibida por el tribunal un mes después.
Además de que el Estado panameño ha quedado en indefensión cuando se trata de sus recursos naturales, sustentó.
El caso
La investigación se inició en 2016 a raíz de una publicación del diario La Prensa sobre la apropiación ilegal de tierras en estas áreas.
Las pesquisas de la fiscalía determinaron que funcionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y particulares realizaron trámite para apropiarse de 2,600 hectáreas del Corredor Biológico Mesoamericano, que es un área protegida.
Las tierras, según la fiscalía, fueron traspasadas a la sociedad Imataca, S.A. y a las fundaciones Reserva Ecoclé y Eco2 Panamá, inscritas por ciudadanos venezolanos con vínculos entre sí.
De acuerdo con las pesquisas, la colaboración de funcionarios de la Anati para agilizar los procesos de titulación fue fundamental, ya que en algunos casos los trámites demoraron apenas tres meses.
En este proceso, la fiscalía imputó cargos a 20 personas, logró 13 acuerdos de pena y se encuentra tras la pista de otras personas.
La presunta red criminal estaba conformada por funcionarios del Registro Público, y ciudadanos venezolanos y panameños.
Entre los investigados por la fiscalía se encuentran los venezolanos Juan Pablo Brons y Andrés Warnken, quienes pidieron “el favor” a familiares y amigos para que firmaran documentos de solicitud de tierras a la Anati, para luego traspasarlas a sociedades recién creadas.
En enero de 2019, el Juzgado Segundo de Colón negó fianzas a 11 de los investigados por considerar que se trata de un delito grave y que ocasionó serios perjuicios al Estado.
Por este caso solo permanece detenido el exfuncionario de Anati Olmedo Pimentel, quien, al igual que el resto de los investigados, enfrenta cargos por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir.
La fiscalía también solicitó al Registro Público la aprehensión provisional de 52 fincas ubicadas en el distrito de Donoso, provincia de Colón, por presuntas irregularidades para su titulación.
