El papel de la justicia comunitaria de paz en la sociedad sigue en el ojo de la tormenta. Ayer, representantes del Colegio Nacional de Abogados (CNA) presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional disposiciones de la Ley 16 de 2016, que la rige.
“Si se pretendía dar competencia a los jueces de paz en materia que está regulada en el Código Penal, había que desregular estas conductas del Código Penal y haberlas llevado al mundo de las sanciones administrativas. Ese hecho hace que exista un problema de competencia”, dijo Juan Carlos Araúz, presidente del CNA.
Araúz demandó los numerales 11, 16, 18 y 19 del artículo 29 de la Ley 16, que da competencia a los jueces de paz para actuar en controversias sobre destrucción de parques, jardines, daños a la propiedad ajena o apropiación de un bien mueble ajeno sin el uso de violencia.
Las quejas
Recientemente, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, informó que existen al menos 83 quejas, 7 denuncias y un habeas data contra jueces de paz, por lo que sugirió modificaciones a la ley.
Leblanc agregó que en la actualidad los jueces de paz “no tienen jefe” y permanecen casi independientes.
Las palabras de este funcionario surgieron en medio de la molestia ciudadana como reacción a las centenas de multas que impuso un juzgado de paz durante la noche del viernes 6 y la madrugada del 7 de agosto pasado, a raíz de un retén policial ubicado en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste.
