Se dio un paso importante para la implementación de la Carrera Judicial en la administración de justicia del país.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió ayer, de manera unánime, declarar vacantes las posiciones de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y de los magistrados de los Tribunales Superiores de Apelaciones del Órgano Judicial en todo el país.

El propósito, de acuerdo con lo que informó la Corte, es que esas posiciones se sometan al proceso de la Carrera Judicial y, por tanto, proceder a llenarlas a través de los procedimientos de traslado, ascenso o concurso abierto.

La implementación de la Carrera Judicial es una vieja aspiración de las organizaciones sociales, y de la Comisión de Estado por la Justicia. A pesar de que la ley que establece la Carrera Judicial se aprobó en febrero de 2015, no se ha puesto en marcha. ¿La razón? Año tras año, los magistrados de la Corte han argumentado la falta de presupuesto.

La de ayer es una de las primeras decisiones de la CSJ luego de que se escogiera a un nuevo presidente (Luis Ramón Fábrega) y de que asumieran sus cargos los magistrados María Eugenia López Arias, Maribel Cornejo y Carlos Vásquez Reyes.

Sin embargo, fuentes del Órgano Judicial informaron que la propuesta surgió del magistrado Olmedo Arrocha.

La larga espera por la Carrera Judicial

Cinco años después de que se aprobara la Carrera Judicial, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró vacantes los nombramientos de los magistrados de Tribunales Superiores y de Apelaciones de todo el país, para someterlos al proceso de la Carrera Judicial.

Un comunicado del Órgano Judicial detalla que en la sesión del pleno de ayer, los magistrados, de forma “unánime”, tomaron la decisión.

Para ello aprobaron el acuerdo No.13 del 8 de enero de 2020. Los magistrados consideraron que para que la Ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial, sea finalmente implementada, es necesario continuar con el proceso de convocatorias para llenar las vacantes absolutas y accidentales de esas posiciones, que se realizará a través de un mecanismo de reclutamiento y selección basado en competencias.

Distintos grupos de la sociedad, entre ellos la Comisión de Estado por la Justicia, clamaron para que se pusiera en marcha la Carrera Judicial, y se cumpliera con la ley vigente desde 2015. Mandaron cartas, se reunieron con la directiva de la Corte, hicieron foros, hablaron en los medios de comunicación. Alegaban que el país no podía seguir funcionando con jueces y magistrados interinos. La respuesta siempre fue la misma: no hay presupuesto.

El Tribunal de Ética

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, calificó como “acertada” la decisión del pleno, y recordó que aún está pendiente el establecimiento del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia. Manifestó que este tribunal servirá para “disipar dudas” que tiene la comunidad sobre el funcionamiento de ciertos despachos judiciales.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, también tildó de “acertada” la decisión de la Corte Suprema. Este escenario, dijo, servirá para darle a la administración de justicia, los jueces con la independencia necesaria. Estos jueces podrán llegar a los puestos producto del proceso de selección y nombramiento establecido en la Ley 53.

Todos los puestos

La abogada Magaly Castillo, otra de las que ha pedido e insistido en la importancia de la implementación de la Carrera Judicial, aseguró que ha sido una “espera muy larga”. Abogó para que el sistema se aplique a todos los jueces y funcionarios del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

El también abogado Ernesto Cedeño remarcó que este es un paso en la dirección correcta, y dijo que todos los cargos en la administración de justicia deberían llenarse por concurso de méritos.

La génesis

La Carrera Judicial es Ley de la República desde 2015. Los distintos presidentes que ha tenido la Corte desde entonces han dicho que no se ha puesto en marcha por la falta de fondos.

El 7 de octubre de 2019, día en que el Órgano Judicial sustentó el presupuesto de 2020 (por $166.8 millones) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el entonces presidente interino de la Corte, Hernán De León, y el magistrado José Ayú Prado alegaron que el presupuesto recomendado para este año impediría una vez más la implementación de la Carrera Judicial. Estimaban invertirle $10 millones. El Órgano Judicial solicitó $250 millones para 2020, pero el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó $166.8 millones.

Ese escenario se ha repetido año tras año.