El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, y el procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, solicitaron ayer a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la adecuación de presupuestos de inversión y funcionamiento asignados a ambas entidades en 2022.
El Órgano Judicial había solicitado un presupuesto de $323.3 millones y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó asignaciones por el orden de los $194 millones.
De acuerdo con Fábrega, esos recursos son insuficientes para cubrir erogaciones como el nombramiento de más jueces y lograr la implementación de la Carrera Judicial.
Destacó, asimismo, que con ese presupuesto no podrán honrar deudas adquiridas en los últimos años, incluyendo las generadas por el alquiler de inmuebles, que ascienden a unos $10 millones.
Añadió que también tienen pendiente pagar cuotas a la Caja de Seguro Social y que los recortes efectuados por el MEF le impedirán cumplir con ello.
Según Fábrega, el Órgano Judicial también debe ajustes por sobresueldos.
Al sustentar ayer el presupuesto de la institución ante la Comisión de Presupuesto, el magistrado advirtió que la falta de recursos para contratar nuevos jueces ha afectado el tiempo de resolución de casos en el sistema penal acusatorio (SPA).
En este aspecto, la secretaria administrativa del Judicial, Vielsa Ríos, precisó que en el año 2016 la resolución de un caso en el SPA tardaba 51 días, mientras que en 2019 dicho plazo se extendió a 90 días por la falta de jueces y de salones para llevar a cabo las audiencias.
Ministerio Público
Por su parte, el procurador Javier Caraballo también se quejó por los insuficientes recursos asignados a la Procuraduría General de la Nación en 2022. Ellos habían solicitado $194.4 millones y se le asignó $149.9 millones.
Advirtió que este recorte pone en aprietos al Ministerio Público (MP), especialmente en lo que respecta al pago de sobresueldos que, por ley, se deben ajustar periódicamente, así como la entrega de viáticos para realizar diligencias judiciales.
Detalló, además, que la Procuraduría está obligada a actualizar la flota vehicular, ya que los vehículos que tienen actualmente datan de los años 2006 y 2010 y su mantenimiento es muy costoso.
Resaltó que combatir el crimen organizado y la delincuencia común requiere de recursos humanos y de tecnología.