Con Zuleyka Moore fuera de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga los sobornos de Odebrecht, el caso quedará en manos de Anilú Batista y Azucena Aizpurúa, fiscales que fueron asignadas a ese despacho por el procurador Eduardo Ulloa en febrero pasado.

Mientras que Tania Sterling y Ruth Morcillo también seguirán colaborando con el proceso. Todo es parte de los cambios anunciados por el Ministerio Público el pasado lunes. La rotación también tiene impacto en el caso Blue Apple, que estaba a cargo del fiscal Aurelio Vásquez, quien ahora estará en un despacho de familia.

La fiscalía especial y el futuro de los procesos de corrupción

Dos fiscales que se integraron a la Fiscalía Especial Anticorrupción en febrero pasado serán las encargadas del caso Odebrecht, considerado la investigación emblema ligada a corrupción de los últimos tiempos.

Se trata de Anilú Batista y Azucena Aizpurúa, quienes trabajaban con Zuleyka Moore en la pesquisa.

A partir del próximo 1 de junio, Moore será la coordinadora de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, de acuerdo con los cambios anunciados por el Ministerio Público para las distintas fiscalías.

La llegada de Batista y Aizpurúa al caso en febrero pasado fue uno de los primeros movimientos que hizo Eduardo Ulloa como Procurador General de la Nación, luego de que tomara posesión del puesto el pasado 2 de enero.

Batista se desempeñaba como fiscal de circuito de la sección de Decisión y Litigación Temprana, mientras que Aizpurúa era fiscal superior ad honorem en la Fiscalía Superior de Litigación de la Procuraduría.

En este escenario, las fiscales anticorrupción Tania Sterling y Ruth Morcillo, quienes por el momento tienen a su cargo líneas de investigación del proceso, colaborarán con el caso madre.

En el Ministerio Público informaron que la Fiscalía Especial Anticorrupción “es un despacho corporativo” y por ende los casos se ven en conjunto. “Todos los fiscales que la conforman tienen el mismo nivel jerárquico y cualquiera de los que la conforman puede actuar en cada uno de los casos que manejan, como equipo de fiscales”, manifestaron.

El comienzo

La Fiscalía Especial Anticorrupción es una instancia que fue creada el 28 de enero de 2016, días después de que en Estados Unidos se diera a conocer que Odebrecht había sobornado a funcionarios y particulares panameños para hacerse con jugosos contratos.

Kenia Porcell, quien entonces fungía como procuradora general de la Nación, designó en ese despacho a cuatro mujeres: Zuleyka Moore, Tania Sterling, Ruth Morcillo y Vielka Broce.

Broce se jubiló en 2019 y nadie la reemplazó. Sus casos se distribuyeron entre sus colegas.

Ahora, con las rotaciones que ordenó el procurador Eduardo Ulloa, esa fiscalía estará conformada por Batista, Aizpurúa, Sterling y Morcillo. Este equipo también se encargará de otro de los casos insignias: Blue Apple, pesquisa que estaba a cargo de Aurelio Vásquez, quien ahora tendrá la posición de Fiscal Superior Coordinador de Investigación y Asistencia a Juicio en la Sección de Familia.

En el Ministerio Público informaron que la Fiscalía Especial Anticorrupción tendrá “otros cinco fiscales de apoyo” y que también están las fiscalías superiores anticorrupción, a cargo de Adecio Mojica y Leyda Sáenz.

Mojica está cargo de procesos como el de las planillas y contratos de la Asamblea Nacional, el de blanqueo de capitales a través del extinto Programa de Ayuda Nacional y el de la Caja de Ahorros.

Entretanto, Sáenz adelanta el caso ligado a supuestas irregularidades en los fondos que distribuyó el Instituto Panameño de Deportes en el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).

Luego de presiones

Los movimientos en las fiscalías fueron anunciados días después de que abogados, medios y seguidores del expresidente de la República Ricardo Martinelli (2009-2014) dijeran insistentemente que fiscales nombrados por Porcell seguían liderando las investigaciones de corrupción del Ministerio Público y que eso retrasaría los casos contra Juan Carlos Varela.

Recientemente, la Comisión de Credenciales aprobó enviar al MP 10 casos contra Varela y 3 contra la exvicepresidenta Isabel De Saint Malo, que reposaban en ese despacho.

Lo que viene

Por el momento, el trabajo de las fiscalías anticorrupción está en pausa por la pandemia de la Covid-19. Debido a la emergencia, los términos judiciales fueron suspendidos y los expedientes guardados. Se tiene previsto que todo vuelva a la normalidad el 8 de junio.

Precisamente, Odebrecht es uno de los casos que debe reactivarse. El pasado 12 de marzo, la Fiscalía Especial Anticorrupción impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país al médico Jaime Lasso, quien en el pasado se proclamó como “lobista” de la compañía.

Lasso también debe notificarse una vez al mes ante las autoridades. De acuerdo con la pesquisa, a través de distintas sociedades ligadas a Lasso la constructora brasileña dio, al menos, $10 millones al Partido Panameñista, colectivo político que en ese momento lideraba el expresidente Varela.

Pero el caso también alcanza al que fue el círculo cercano de Martinelli cuando estaba en la Presidencia de la República, entre ellos, el exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu, quien habría recibido al menos $4 millones de Odebrecht a través de sociedades vinculadas a sus padres.

También están involucrados los hijos del exmandatario Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes, de acuerdo con exejecutivos de la constructora también recibieron millones de dólares a través de distintas sociedades. Ninguno de los dos le ha hecho frente al proceso. Hasta ahora, su paradero es desconocido.

En la lista también están los procesos en los que se vincula a Martinelli.

Se trata de seis casos que les remitió la Corte Suprema de Justicia, después de que el expresidente renunciara a ser diputado del Parlamento Centroamericano (junio de 2018).

Se trata de las pesquisas por supuestas irregularidades en el cobro de impuestos a a través de Cobranzas del Istmo S.A.; la denuncia interpuesta por Aurelio Camaño por presuntas anomalías en la venta de tierras en Veraguas; la denuncia por otorgar indultos a personas condenadas y procesadas por delitos comunes. Además, el caso de supuestas irregularidades en el otorgamiento de un préstamo de la Caja de Ahorros; el de presuntas anomalías en la compra de comida deshidratada; y la denuncia que interpuso la Superintendencia del Mercado de Valores por la supuesta utilización de información privilegiada para la compra de acciones de la empresa Petaquilla Minerals a través de la casa extinta de valores Financial Pacific (FP).