La noticia de que cuatro fiscales superiores fueron enviados de “vacaciones”, se agrega a la lista de agravios y afectaciones de la muy débil institucionalidad del Ministerio Público (MP).
Es justo recordar que en los últimos 11 años, Panamá ha tenido siete procuradores generales y que Javier Caraballo actúa como procurador encargados. Casi nueve meses después de haber tomado posesión del cargo, no hay indicios de que será designado principal por el Órgano Ejecutivo, para que sea ratificado por la Asamblea Nacional.
Está claro entonces que el desasosiego y la inestabilidad del Ministerio Público son intencionales. Las tareas enfrentadas por los fiscales panameños en la última década han sido históricas: investigar los mayores actos de corrupción cometidos en la vida republicana de este país y combatir a una creciente narcomafia que, con sus extensos tentáculos, mantiene una cuota de poder político. Ninguno de estos desafíos ha implicado adversarios pequeños, por el contrario: las pesquisas de las fiscalías han pisado las colas de muchos monos gordos acostumbrados a la impunidad.
Durante los siete años de la solitaria lucha anticorrupción del Ministerio Público se han cometido muchos errores, hubo una selectividad inicial muy obtusa, pero también se tuvo que cargar con la resistencia de un Órgano Judicial plagado de jueces y magistrados con motivaciones sospechosas y decisiones cuestionables. Mientras el MP recibía la pelonera de su vida, no se ha podido insinuar, y mucho menos denunciar, a un solo fiscal por el acto de vender sus diligencias o alquilar el poder de su cargo al mejor postor. Tal cosa no se puede decir de sus contrapartes.
Muchos de los grandes casos de alto perfil se han caído por la complicidad de una declaratoria de prescripción causada por el rejuego entre abogados defensores y los tribunales que auparon sus tácticas. Otros casos colapsaron ante la falta de toda lógica jurídica, que en despachos espúreos anularon auditorías de la Contraloría General de la República y desconocieron informes financieros y todo tipo de documentación que evidenciaba peculados, blanqueo de capitales y gran parte del catálogo de conductas criminales contenidas en el Código Penal.
La adrenalina de los triunfos judiciales mal habidos no ha sido suficiente. El relato de una misteriosa “procuraduría paralela” que todo lo inventó y manipuló desde cuartos oscuros en la Presidencia de la República, sirve como pretexto para encubrir los más descarados robos y atracos a la nación. No les importa que el propio testigo protegido mantenga el tenor de su testimonio y que aquello de lo que se queja es que el MP lo abandonó. Nada de eso vale, porque de lo que se trata es de crear una cortina de humo para justificar lo injustificable.
Los ataques y presiones contra los fiscales no son hechos aislados ni mucho menos casuales. Son el resultado de una mezcla de venganza con intimidación, sazonada con la más maquiavélica intención de entregarle el país a los carteles de la droga y de la corrupción política, que cada vez más se parecen en forma y en métodos. “A nadie matan por nada”, y a ningún fiscal lo acorralan, lo humillan, lo intimidan y lo mandan de vacaciones, por nada.
Cuando Panamá se quede sin un solo fiscal, sin que nadie que valga la pena quiera tomar un cargo ingrato y cuestionado, ellos habrán conseguido lo que quieren. Mientras tanto, las otras procuradurías paralelas, la Audiencia Nacional de España y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tendrán otra versión que contar.
