Las bajas estadounidenses durante la intervención militar del 20 de diciembre de 1989 son conocidas y su número es exacto, ya que fueron 25 los ciudadanos de ese país que murieron en Panamá durante el conflicto armado. El Congreso de Estados Unidos realizó múltiples sesiones para entrevistar a participantes, analistas y críticos de la invasión.
Un informe que compila el resultado del trabajo legislativo, denominado “Issues Relating to the U.S. Invasion”, de abril de 1991, recoge una visión escéptica de la invasión. En este informe se documenta que 19 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, principalmente del Ejército, fueron sometidos a cortes marciales por delitos graves e infracciones cometidas en Panamá. No se indican los nombres de los 17 que fueron condenados, pero se revelan las penas, que en su mayoría incluían pérdida de rango , expulsión deshonrosa y confinamiento por un corto periodo. En un solo caso se condenó a un militar por haber asesinado a un ciudadano panameño anónimo, el 23 de diciembre de 1989, en las cercanías de la represa Madden. Su condena fue de siete años de prisión.
La actividad congresional de control y análisis de la intervención militar fue intensa. La United States General Accounting Office (Oficina general de contabilidad de Estados Unidos) es la equivalente a la Contraloría General de la Repúblca. Esta organización preparó un informe pormenorizado del costo de la invasión. La cifra fue de $166.3 millones. Esta agencia también fue la encargada de presentar al Congreso una revisión de las afirmaciones de supuestos actos ilegales cometidos en la invasión.
La comunidad de juristas produjo una gran cantidad de publicaciones, foros y ensayos, y participó ante los distintos espacios de consulta ciudadana disponibles. La barra de abogados de la ciudad de Nueva York preparó un informe muy influyente en el que concluía que la invasión no era legal ni justificada. Académicos como John Quigley, en su artículo The Legality of the United States Invasion of Panama, concluye que: “Neither of the two bases the United States asserted to justify its invasion of Panama is adequate. Each falls short of providing a justification under applicable principles of international law...” . Es decir: “ ninguna de las dos causas que Estados Unidos invocó para justificar la invasión a Panamá es aceptable. Cada una se queda corta para dar una justificación bajo los principios del derecho internacional”.
Este intenso debate intelectual arrancó en 1990, y ha seguido vigente. En 2008, el Ejército estadounidense publicó una historia analítica de los eventos ocurridos entre junio de 1987 y diciembre de 1989, bajo la autoría de Lawrence A. Yates, para entender si la doctrina militar tenía la capacidad de responder frente a situaciones como las de Panamá. El artículo concluye que la justificación invocada para la invasión no podía ser aceptada, porque proliferarían este tipo de afirmaciones por doquier, promoviendo la multiplicidad de conflictos armados.
En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó, que Estados Unidos debía compensar a los familiares y otros deudos, por los civiles muertos a causa de la invasión de 1989. Todos los informes y análisis reconocen que Panamá tenía una dictadura que violaba los derechos humanos. Eso quedó fuera de discusión. El debate se ha centrado en el uso ilegal de la fuerza armada por parte del gobierno estadounidense. Dentro y fuera de sus fronteras, ha perdido el debate de la legalidad de la invasión a Panamá.
El autor es abogado