El Estado de derecho está de cabeza. La legalidad de los actos públicos obliga a que toda decisión emitida por un funcionario, que afecte los derechos de terceros, debe ser formalizada en algún instrumento jurídico para que tenga vigencia. No bastan las palabras ni las buenas intenciones.
Sin embargo, desde la declaración del “Estado de Emergencia” el 13 de marzo pasado, pareciera que Panamá adoptó una forma monárquica de gobierno, en la que basta una declaración de prensa, un tuit o un discurso para que se generen efectos jurídicos, sin que exista la correspondiente norma que respalde dicha actuación.
Así, por ejemplo, el 12 de mayo el Ministerio de Salud (Minsa) “comunicó” que los niños podían salir acompañados de un adulto durante la hora y el día que les correspondía, de acuerdo con género y cédula del acompañante. Antes de esto, el Minsa se habían tomado la molestia de dictar la resolución 369 del 6 de abril para atender las necesidades de las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista. Pero hasta ahora no ha explicado cómo se hace legalmente con las mascotas los fines de semana.
Otro ejemplo es el de los vuelos para pasajeros. Se anunció con bombos y platillos que el calvario de los vuelos humanitarios sería sustituido por vuelos comerciales, pero a horas del comienzo del “mini-hub” no se publica la norma que respalda la legalidad de la venta de boletos a panameños y residentes aquí que quieran volver al país.
El actual ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, ha seguido la doctrina de su antecesora de mantener un sistema de premios por buen comportamiento y le ha prometido al país que en un par de semanas las horas de salida serán aumentadas a cuatro, “si nos portamos bien”.
Por su parte, la Autoridad Marítima de Panamá prohibió el 16 de junio la salida de yates de recreo, pero el 11 de agosto autorizó el Stand Up Paddle (surf con remos). ¿Como se puede practicar esta actividad sin meter el cuerpo al agua?
Al alcalde capitalino, José Luis Fábrega, lo multaron con $5 mil por estar en la playa, supuestamente frente a su casa, pero ahora se pueden hacer actividades acuáticas como el surf con remo.
La pandemia ha evidenciado una crisis institucional que se manifiesta con funcionarios que desconocen para qué sirven las normas jurídicas y cómo se tutela el interés común. Quizás, antes de la próxima pandemia, la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad de estas actuaciones y los habitantes de este territorio sepamos qué pasó con nuestros derechos.