Luego de los pronunciamientos en rechazo al fallo que no admitió un recurso de casación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de supuestas irregularidades en un préstamo que otorgó la Caja de Ahorros (CA), los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se lavan las manos: emitieron un comunicado en el que exponen su versión.
Explicaron que el análisis se basó en el examen del cumplimiento de los requisitos del recurso, lo que les permitió concluir que el documento de la fiscalía “contenía deficiencias que lo hicieron inadmisible”.
María Eugenia López Arias, Maribel Cornejo Batista y José Ayú Prado, quienes integran la mencionada sala, también argumentaron que dado que no se analizó el fondo del documento, no declararon la inocencia de los sindicados, y no confirmaron el sobreseimiento definitivo y otras actuaciones y decisiones de instancias judiciales que intervinieron previamente.
“La consecuencia de la no admisión del recurso de casación, es que se mantiene la vigencia del auto de sobreseimiento definitivo del Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá”, añaden los magistrados en el boletín de prensa.
La historia
El proceso guarda relación con presuntas irregularidades detectadas en un préstamo de $9 millones otorgado en 2012 por la CA a la sociedad HPC-Contratas-P&V, para la construcción del Centro de Convenciones de Amador, proyecto que no se concretó en esa época. La fiscalía probó que el dinero del préstamo fue a dar a sociedades que luego lo usaron para otros objetivos.
Laberinto judicial
En agosto de 2018, el Juzgado Decimocuarto Penal, a cargo de Vilma Urieta, decretó el sobreseimiento definitivo de los imputados. Eran 22, entre ellos: Riccardo Francolini, quien al momento del préstamo era el presidente de la junta directiva de la CA; Jayson Pastor, exgerente del banco, y Felipe Pipo Virzi, exvicepresidente de la República.
Urieta alegó que la fiscalía no demostró que se había dado una lesión patrimonial. “Se trató de una actividad comercial, netamente mercantil, entre un particular y un banco que tiene injerencia del Estado, pero que, al momento de realizar la transacción, lo hacía como ente que maneja dinero de particulares”, argumentó el fallo.
Pero, el Ministerio Público apeló. El fiscal Adecio Mojica planteó en su escrito de apelación, entre otros aspectos, que el peculado es un delito formal que no necesariamente requiere de una lesión patrimonial, y que el daño ocasionado por este delito puede ser material o moral. También que lo que protege la ley no es el patrimonio, sino “el correcto y oportuno cumplimiento de los deberes que tiene el servidor público como administrador de los bienes a su cargo”.
Entonces le correspondió al Segundo Tribunal Superior tomar una decisión. Lo hizo un año después, en agosto de 2019. Los magistrados de ese tribunal confirmaron el sobreseimiento que había dado la juez Urieta, alegando que en lo investigado no había delito.
Mojica siguió insistiendo, y se jugó su última carta. Presentó el recurso de casación ante la Sala Penal, despacho que el pasado 19 de noviembre decidió no admitir el recurso.
“¿Entonces? ¿no pasó nada? Solo pregunto”, escribió en su cuenta de Twitter el analista político Edwin Cabrera, quien de paso anexó a su publicación el titular de la noticia en la que se daba a conocer la sentencia de la Sala Penal de la Corte.
“O sea se llevaron los $ para La Financiera, no construyeron el Centro de Convenciones, el gob pago a Caja de Ahorros y no paso nada? No pusieron ni un real para salvar a financiera, fuimos nosotros” (sic.), escribió en la misma red social Miguel Canavaggio.
La misma fórmula
El laberinto judicial que rodea este caso es similar al de otros procesos judiciales en los que se investigó corrupción, correspondiente al período de Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Uno de ellos es el expediente que le seguía la pista a supuestas irregularidades en el fallido proyecto de riego de Tonosí. Los 33 investigados fueron absueltos con la misma fórmula. Varios de los actores se repiten: es el mismo fiscal y el mismo juzgado, que en primera instancia dictó el sobreseimiento; el Segundo Tribunal lo confirmó, y, por último, la Sala Penal no admitió la casación al fiscal. Incluso, varios de los investigados en el caso de la Caja de Ahorros, figuran en el de riego de Tonosí.