Mientras el Órgano Judicial pretende abrir oficinas a partir de este lunes 1 de junio, los abogados organizados advierten de que, aún siendo actores clave del sistema, no tienen el aval del Ejecutivo para operar.
En tanto, voceros del Ministerio Público señalan que desde hace tres semanas se vienen preparando para retomar las distintas investigaciones, una vez concluya el período de suspensión de los términos judiciales, el próximo 7 de junio.
El pasado 27 de mayo, el pleno de la Corte Suprema de Justicia estableció en el Acuerdo 173 que la atención a los usuarios sería a partir de este lunes en horarios de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
A raíz de la pandemia de la Covid-19, el 13 de marzo pasado la Corte acordó que desde el 16 del mismo mes se suspendían los términos judiciales. Esa medida, que ha sido prorrogada en cinco ocasiones, está vigente hasta el 7 de junio.
Desde el 25 de marzo rige la cuarentena las 24 horas, que implica la paralización de varias actividades económicas, incluidos los servicios legales.
Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló su sorpresa de que se haya hecho este anuncio a sabiendas de que el Ejecutivo aún no ha dado fecha para la reapertura de los servicios legales. De hecho, de los seis bloques de la “hoja de ruta” para la reactivación, el Gobierno solo ha avalado la reapertura de dos de ellos.
Precisamente este lunes abre el segundo y coincide con la medida de limitar el toque de queda de 24 horas a 10 horas en la noche (de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.) Y en ese bloque no están los abogados, que entran en la categoría de servicios profesionales del bloque 3.
“La abogacía organizada no quiere que este desfase genere que ningún abogado sea multado o procesado por la apertura de las oficinas de abogados”, señala Araúz en un comunicado. Por eso pidió que los servicios legales sean incluidos en la fase 2.
Por su parte, el abogado penalista Orlando Castillo, hizo un llamado de atención al Ejecutivo y el Judicial para una mejor coordinación. “No vamos a prestar servicios 100%, porque no podemos abrir nuestras oficinas”, reiteró.
Dijo que si, en efecto, la Corte levanta la suspensión de los términos (lo cual en la práctica podría ocurrir a partir del lunes 8 de junio), podrían surgir inconvenientes. Por ejemplo, cuando los días 15 y 30 de cada mes hay mucha aglomeración de gente que va firmar medidas cautelares.
Además, señaló que muchos abogados pretenderán ver los expedientes en los juzgados, pero “sería pérdida de tiempo, porque los juzgados han permanecido cerrados y no han podido adelantar trabajo”.
La Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares anuncia que a partir del 1 de junio de 2020, se retoman las notificaciones periódicas en horario especial en todas las sedes a nivel nacional, atendiendo las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades de salud. pic.twitter.com/mvzyl4BZCQ
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) May 29, 2020
En tanto, de parte del Ministerio Público, señalaron que la atención del público se dará cuando el pleno de la Corte levante la suspensión de los términos judiciales.
Durante este “período de transición”, informaron, se creó un equipo Covid-19 para cumplir con los lineamientos sanitarios, integrado por 21 funcionarios, entre ellos fiscales. Ello, mientras se preparan para la reactivación de las investigaciones en un 100%.