Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) solicitarán al presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo que vete el proyecto de ley 544, sobre reformas electorales, que fue aprobado el pasado viernes en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional. Además, dijeron que demandarán algunos artículos aprobados ante la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados se mantuvieron en sesión permanente todo el fin de semana analizando lo aprobado por los diputados. Sin embargo, aún no tienen un documento definitivo de parte del Legislativo, que dirige el perredista Crispiano Adames.
En un comunicado emitido en la tarde de ayer, los magistrados dijeron que piden objetar el proyecto por inexequibilidad (que tiene visos de inconstitucionalidad) y por inconveniente. Mencionan cuatro puntos: la forma de asignar el residuo, la paridad de género, la inequidad en la distribución del financiamiento público y la amnistía en el pago de multas para los que incumplieron con la entrega de informes de ingresos y gastos de campaña.
🔴ATENCIÓN: Tribunal Electoral comunica rechazo al proyecto de ley 544 aprobado en 3er debate por la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/ZjpYczPJmk
— Tribunal Electoral (@tepanama) October 18, 2021
La decisión del TE llega en medio de los cuestionamientos ciudadanos y al parecer de diferencias entre los magistrados Eduardo Valdés Escoffery, Heriberto Araúz y Alfredo Juncá. Fuentes del TE señalaron que durante la reunión Araúz y Escoffery llamaron la atención a Juncá por dar declaraciones a los medios sin un consenso previo sobre el proyecto 544.
No obstante fue Juncá, según las fuentes, quien insistió en que el proyecto no debía ser sancionado por la Presidencia, postura que más tarde fue acogida por sus colegas. “Seguiremos la lucha con los recursos que tenemos en el TE”, escribió en su momento Juncá, en su cuenta de Twitter, luego de que el pleno aprobara las reformas al proyecto 544.
Las objeciones de los magistrados ante Cortizo se fundamentan en que el proyecto 544 propuso un sistema que cumple a plena cabalidad con el mandato constitucional de garantizar el principio de representación proporcional, y esta propuesta no fue acogida.
Plantea que esta norma ya fue demandada ante la Corte y el TE también podría activar su propia acción judicial en este sentido.
Igualmente, objetan la eliminación de la válvula de escape en el tema paridad, pues a pesar de que la Comisión Nacional de Reformas Electorales y algunas diputadas mujeres, solicitaron hacer obligatorio la paridad y que no fuera solo la Secretaría de la Mujer de los partidos políticos las que tuvieran la última palabra para decidir si existen o no mujeres para ocupar las postulaciones, el pleno se negó. Para los magistrados los cambios introducidos van en detrimento de derechos constitucionales que garantizan la igualdad ante la ley entre los géneros. Por ello advirtieron que acudirían a la Corte,
Sobre este tema, la diputada perredista Zulay Rodríguez anunció en el pleno y desde su cuenta de Twitter que instruyó a su equipo legal “para que prepare una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas electorales, la cual se presentará apenas la ley salga publicada en Gaceta Oficial”.
Otro tema que objetan es la inequidad en la distribución del financiamiento público preelectoral entre los partidos políticos y los candidatos por libre postulación. A este efecto, los diputados modificaron la propuesta del proyecto 544, “impidiendo cumplir a cabalidad con el mandato constitucional sobre la materia que exige que la ley asegure la igualdad de erogaciones entre los partidos y los candidatos”.
Por este tema el TE también presentaría una acción de inconstitucionalidad.
Por último, los magistrados rechazaron que se incluyera a última hora, una norma en la que concede una amnistía a los candidatos multados por haber incumplido con la entrega de los informes de rendición de cuentas sobre sus ingresos y gastos de campaña financiados con recursos privados. “En nuestra opinión, la Asamblea Nacional no solamente carece de competencia para conceder este tipo de amnistía sino solamente por delitos políticos, sino que establece un precedente funesto que hará ilusoria las sanciones previstas en el Código Electoral, y, por lo tanto, promueve el incumplimiento de las normas de rendición de cuentas y transparencia”, señalan.
Advierten que una vez se reciba el documento final aprobado en tercer debate por la Asamblea revisarán su contenido y emitirían comentarios posteriores.
