Autoridades de la Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de peritos de la Universidad Tecnológica de Panamá, efectuaron ayer una inspección en el Hospital Modular Panamá Solidario, ubicado en Albrook, como parte de la investigación de oficio que sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la ejecución de dicha obra.
La de ayer fue la primera diligencia de campo realizada por la fiscalía para determinar las condiciones y el material utilizado en la construcción del proyecto, adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la empresa SmartBrix Centroamérica, por $6.9 millones.
Para realizar la diligencia, el personal del Ministerio Público y los peritos de la UTP tuvieron que colocarse equipos de bioseguridad, en vista de que el hospital atiende a pacientes de la Covid-19.
La fiscal especial anticorrupción Anilú Batista estuvo a cargo de la inspección judicial.
Hasta la fecha, la Contraloría General de la República no ha refrendado el contrato entre el MOP y SmartBrix Centroamérica.
El contralor Gerardo Solís devolvió en junio pasado el contrato sin el refrendo, argumentando que había “aspectos económicos, técnicos y de fiscalización que debían ser precisados”.
