La jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, sancionó con $100 de multa a los abogados Aminta Corro y Lorgio Bonilla por no comparecer ayer a la audiencia preliminar del caso Lava Jato, lo que la obligó a reprogramar esta diligencia para el 22 de marzo de 2022.
Otros dos abogados, Jeskin Pedrosa y Fidel Hernández, tampoco acudieron a la audiencia, pero en su caso presentaron certificados médicos y fueron excluidos de la sanción.
Isis Soto, de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, dijo ayer estar lista para presentar las evidencias contra 33 de los investigados, para quienes solicitará apertura de causa criminal.
Soto recordó que la investigación se inició en el año 2016 a partir de publicaciones sobre hechos que vinculaban a una firma de abogados con la creación de sociedades a través de las que se habrían desviado fondos provenientes del ilícitos.
Dijo que las pesquisas guardan relación con la fase 22 o Triple X de la operación Lava Jato, que sigue abierta en Brasil y por la que se ha pedido la detención de varias personas en ese país.
La fase 22 de Lava Jato tiene que ver con la presunta creación de un estructura de empresas offshore y cuentas en el exterior, que habrían sido usadas por miembros de una red corrupta en la petrolera brasileña Petrobras para gestionar numerosos sobornos entre sus miembros y colaboradores.
Según la fiscalía, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca creó sociedades a través de las cuales se movieron fondos entregados por la constructora OAS, dueña de inmuebles usados para el pago de sobornos.
Esta versión fue rechazada por Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, fundadores de la extinta firma Mossack Fonseca, quienes alegaron que en este caso no hay delito y que su firma solo creó sociedades anónimas como lo hacen otros bufetes, lo cual no es ilegal.
