Covid-19

Opacidad choca con el orden jurídico

Opacidad choca con el orden jurídico
La pandemia del coronavirus es el telón de fondo de una serie de contratos bajo escrutinio. Crédito (Nombre Apellido, Archivo, Cortesía) - LP

En un abierto conflicto jurídico se ha convertido la decisión del gobierno de Laurentino Cortizo de mantener en reserva los detalles de las contrataciones efectuadas durante la actual crisis sanitaria.

Aunque el gobierno fundamenta su actuación en un solo artículo de la Ley de Contrataciones Públicas, este artículo, el 79, bien podría ser inconstitucional y contradecir normas del Derecho Internacional reconocidas por Panamá.

Por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Americana de los Derechos Humanos establecen principios jurídicos que obligan a la transparencia de las contrataciones públicas.

De igual tenor, el artículo 43 de la Constitución establece un robusto derecho de acceso a la información pública, desarrollado por la Ley de Transparencia, que en su artículo 10 reafirma el derecho de las personas a conocer los detalles de las contrataciones públicas del Estado panameño.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo del 18 de abril de 2016, en materia análoga, ya decidió que potestades excepcionales similares eran inconstitucionales.

Comisión evaluará

Anoche, el Ministerio de Salud informó a través de un comunicado que conformó una comisión que “evaluará los trámites de adquisición para Covid-19 a través de procedimiento especial”, entre marzo, abril y mayo.

El equipo, conformado por técnicos del ministerio y especialistas, verificará el “cumplimiento de los criterios legales y técnicos de esas gestiones”.

No es legal ocultar la información

La persistencia del gobierno nacional de limitar el conocimiento de la información relacionada con las contrataciones efectuadas durante el actual estado de emergencia, violaría la Constitución, las leyes panameñas y el derecho internacional.

La tesis de la administración pública se fundamenta en el artículo 79 de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, que establece que durante el estado de emergencia los detalles de las contrataciones efectuadas serán informados al Consejo de Gabinete cinco días después de concluida la emergencia, y posteriormente sería del conocimiento público.

Esta norma entra en conflicto con la interpretación general del derecho administrativo panameño, y bien podría ser inconstitucional.

Por ejemplo, el artículo 35 de la Ley 38 de 2000 establece que el fundamento de las actuaciones administrativas debe seguir este orden: la Constitución, las leyes y las demás normas jurídicas nacionales. Esto quiere decir que el artículo 79 de la Ley 22 de 2006 no es la única fuente de derecho para esos actos administrativos.

El artículo 10 de la Ley 6 de 2002 obliga a que el Estado informe sobre las contrataciones públicas en un sentido amplio.

Esto lo recoge la Constitución Política en su artículo 43 y lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Claude Reyes vs. Chile, en una sentencia de septiembre de 2006, en la que afirmó que la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 13, obliga a los Estados a dar acceso público a la información en su poder.

Sobre la naturaleza jurídica de las prerrogativas del gobierno establecidas en el artículo 79 de la Ley 22 de 2006, en un caso análogo, en una sentencia del 18 de abril de 2016, el pleno de la Corte Suprema de Justicia encontró que las facultades extraordinarias otorgadas al ministro de la Presidencia para contrataciones públicas en materia de seguridad, violaban la Constitución.

En el mismo fallo, la Corte censuró la amplitud de las autoridades contratantes para hacer dichas actuaciones sin que existiera un proceso equitativo en que se maximizaran los intereses del Estado y también las declaró inconstitucionales.

Todo esto deja claro que no es legal privar a la población del conocimiento del contenido, costo y calidad de lo que ha sido adquirido por el gobierno durante la actual crisis sanitaria. Las consecuencias jurídicas pueden ser mayores que los beneficios políticos de la opacidad.


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