La suerte del separado juez séptimo penal Felipe Fuentes le cambió ayer lunes 10 de diciembre. La pena de 38 meses de prisión que le impuso un tribunal de juicio por la pérdida de documentos del caso Financial Pacific fue reemplazada por 500 días multa, a razón de $5 diarios ($2 mil 500), que deberá pagar al Tesoro Nacional en seis meses.
La decisión se dio a conocer en el acto de lectura de sentencia en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio, ubicadas en Plaza Ágora. Allí, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo se mostró de acuerdo con la decisión.
Argumentó que con el proceso se pudo demostrar la culpabilidad del juez.
Habla el juez
Sin embargo, Fuentes no podrá ejercer cargos públicos durante 20 meses.
A su salida del juzgado, donde se desarrolló la diligencia judicial, Fuentes habló sobre el tema. Dijo que en este caso legal y constitucionalmente no se podía dictar sentencia, porque había de por medio advertencias de inconstitucionalidad.
“Aquí hay situaciones graves para la administración de justicia”, añadió.
En el juicio, testificaron la secretaria judicial del juzgado, Walkiria Boya Casasola, y la asistente del juzgado, Karina Martínez, quienes confirmaron que entre el 10 y 15 de enero, cuando fueron encontrados los documentos en la carretera Interamericana, cerca a Loma Cová, el juez Fuentes tenía en su poder los papeles.
Fuentes fue separado de su puesto temporalmente en febrero pasado, después de que admitió que se llevó los cuadernillos “equivocadamente” para su casa, y cuando los iba a regresar a su despacho se le cayeron de la motocicleta que conducía.
En noviembre pasado, cuando las juezas Kathia Rodríguez, Mirna Palma y Arleen Caballero emitieron la sentencia condenatoria, consideraron que el separado juez fue la persona que sustrajo los seis cuadernillos del caso Financial Pacific, que fueron encontrados tirados en la carretera Interamericana.
Para el veredicto, también tomaron en cuenta la descripción que hicieron funcionarios del Juzgado Séptimo Penal sobre el manejo interno, distribución y la ubicación de los expedientes. También se apoyaron en la inspección ocular que hizo la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público.