Que se acoja la medidas cautelares presentadas a favor de Corporación La Prensa, S.A., y que se haga un pronunciamiento sobre las “acciones de hostigamiento judicial” a las que han estado sometidos medios de comunicación y periodistas, fue la petición que hicieron 11 organizaciones de la sociedad civil a Edison Lanza y a Paulo Abräo, relator especial de la Libertad de Expresión y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respectivamente.
El pasado 6 de julio, el abogado Félix Wing presentó al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abräo, una solicitud de “medidas cautelares” a favor de la población panameña y de Corporación La Prensa S.A., luego de la acción judicial de secuestro contra las cuentas de esta casa editorial por parte del expresidente Ernesto Pérez Balladares.
En ese sentido, las organizaciones señalan que la CIDH debe acoger la medidas cautelares solicitadas por Wing, puesto que “cumplen con los requisitos establecidos” en el artículo 25 del Reglamento del organismo sobre gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño.
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Por ejemplo, afirman que en la solicitud se configura el presupuesto de “gravedad”, ya que la medida cautelar de secuestro sobre los activos de Corprensa “constituye una restricción ilegítima, innecesaria y desproporcionada”, que “deja sin efecto a la libertad de expresión de La Prensa y cercena la posibilidad de que los habitantes de Panamá podamos seguir teniendo libre acceso a una fuente de información independiente”.
Además, afirman que este caso cumple con el requisito de “urgencia”, pues el riesgo es inminente y se requiere acción preventiva o tutelar.
“El secuestro sobre sus activos impide que Corporación La Prensa pague los salarios a sus colaboradores y cumpla con sus compromisos con sus proveedores, todo lo cual hace peligrar su continuidad como medio de comunicación independiente”.
En tanto, plantean a Lanza que en los últimos años, en múltiples instancias, “algunos operadores de justicia han fallado en tutelar el bien colectivo de la libertad de expresión frente a pretensiones individuales de demandantes, hechas bajo normativas permisivas, que pueden ser satisfechas sin interrumpir el servicio esencial de la libre prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información pública”.
La misiva enviada por las organizaciones a Lanza indica, asimismo, que en el estado de excepción que se vive en el país por la pandemia de la Covid-19 el rol de la libre prensa y la libertad de expresión, así como el control social frente al poder Ejecutivo, es esencial.
“La libertad de expresión y el servicio a la ciudadanía y a la democracia que presta la libre prensa –impresa, televisiva, radial, digital y nuevos medios– es invaluable”, aseguran.
