El Ministerio Público investiga 18 casos por el supuesto uso de fondos públicos en medio de la pandemia de la Covid-19. Pero solo en dos se han logrado hacer imputaciones.
Se trata de los que tienen relación con el tráfico y venta de mascarillas de la Caja de Seguro Social y el Hospital Santo Tomás.
Sin embargo, pesquisas que involucran a personajes del órgano Ejecutivo, como los involucrados en la construcción del hospital modular para atender pacientes con el virus, y el de la compra de ventiladores con supuesto sobreprecios, no registran el mismo avance.
Casos de alto perfil por el uso de fondos de la pandemia, a paso lento
De los 573 casos relacionados con delitos contra la administración pública que en 2020 ingresaron a las fiscalías anticorrupción del Ministerio Público, 18 tienen que ver con el supuesto mal uso de fondos públicos en medio de la emergencia sanitaria por la Covid-19.
El robo de bonos del programa Panamá Solidario en la junta comunal de Tocumen; el supuesto sobreprecio en la compra de gel alcoholado; el tráfico de mascarillas de la Caja de Seguro Social y del Hospital Santo Tomás; y la compra con presunto precio inflado de mascarillas por la parte de la Asamblea Nacional, son algunos de ellos.
Pero en la lista también hay dos investigaciones que que tienen relación con dos poderosas instituciones del Estado. Se trata de la construcción del hospital modular para atender pacientes con Covid, obra que lideró el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a cargo de Rafael Sabonge. Y la intención de compra de ventiladores con un supuesto sobreprecio, a cargo del Ministerio de la Presidencia, institución bajo el mando del también vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
A Sabonge se le cuestionó el supuesto uso de módulos reciclados en la construcción del hospital, entre otras cosas. A Carrizo se le endilga la intención de comprar ventiladores con sobreprecio. En medio de este escándalo, el viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, se vio obligado a renunciar.
Pero estas dos últimas investigaciones avanzan a paso lento. Por ahora no hay nadie imputado, aunque la Fiscalía Anticorrupción ha entrevistado a funcionarios, recolectado documentos y realizado inspecciones oculares.
En los únicos procesos que hay más resultados tangibles son los relacionados con el tráfico de mascarillas de la CSS y en el Hospital Santo Tomás. Aquí hay imputados e, incluso, acuerdos de penas, según la fiscal anticorrupción Anilú Batista.
