Análisis

Postulación y controversias de un cargo en la Corte IDH

Postulación y controversias de un cargo en la Corte IDH
Ana Matilde Gómez

El anuncio el lunes pasado de que la Misión Permanente de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos había postulado a la abogada panameña Ana Matilde Gómez Ruiloba para que ocupe un cargo de jueza entre los siete miembros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), en el periodo 2022-2027, se ha convertido en una coyuntura cuestionada por algunos sectores.

La Corte IDH es el máximo órgano de justicia vinculante para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Sus fallos y opiniones consultivas forman parte de la jurisprudencia de referencia y aplicación obligatoria para los países miembros del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Panamá nunca ha tenido un representante en esta Corte, siendo la magistrada Esmeralda de Troitiño la más alta representación panameña en un organismo del sistema Interamericano de los Derechos Humanos.

Las controversias

Dos aspectos relacionados con la trayectoria de la jurista se destacan como fuente de cuestionamiento. A lo largo de su carrera profesional, Ana Matilde Gómez ha ocupado el cargo de Procuradora General de la Nación (2005-2010), ha sido diputada independiente (2014-2019), fue candidata independiente a la presidencia de la República en las elecciones de 2019 y actualmente es decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María La Antigua.

Como Procuradora, Gómez fue condenada el 12 de agosto de 2010 por la mayoría del pleno de la Corte Suprema de Justicia, en una votación de 5 a 4, por el delito de abuso de autoridad relacionado con la investigación por el presunto pago de sobornos a un fiscal del Ministerio Público. En la sentencia, Gómez fue condenada a 6 meses de prisión, que fueron convertidos a 40 días multas y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 4 años.

Posteriormente, el 30 de mayo de 2014, la entonces exprocuradora Gómez fue rehabilitada por un voto unánime del pleno de la Corte, lo que le permitió el ejercicio del cargo como diputada de la República.

De acuerdo con el artículo 205 de la Constitución, “La persona que haya sido condenada por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia, no podrá desempeñar cargo alguno en el Órgano Judicial”.

Este principio se aplicaría por igual, como criterio de exclusión para la designación de un juez de la Corte IDH, según lo prescribe el propio estatuto de la organización en su artículo 4. De acuerdo con la exprocuradora Gómez en declaraciones a La Prensa: “La rehabilitación le permite al rehabilitado extinguir todos los efectos de la pena. Por esa razón pude ocupar el cargo de diputada”. A su vez Gómez, afirma que tuvo un juicio político “amañado” y que la propia Corte reconoció su error cuando la rehabilitó.

En favor de la posibilidad de ocupar el cargo de jueza de la Corte IDH, está la decisión del 16 de octubre de 2018, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que admitió la demanda de Ana Matilde Gómez contra el Estado panameño en los siguientes términos: “15. En vista de los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes y la naturaleza del y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la Comisión considera que, de ser probados, los alegatos de destitución arbitraria de la presunta víctima de su cargo de Procuradora General de la Nación, en un proceso que violó sus garantías judiciales, entre ellas la aplicación retroactiva de una sentencia cuya interpretación constitucional era menos favorable, y que alegadamente fue desarrollado bajo presiones políticas, podrían caracterizar posibles violaciones de los artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y retroactividad), 23 (derechos políticos), 25 (protección judicial) y 26 (derechos económicos, sociales y culturales) de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), en perjuicio de las presuntas víctimas”.

Para efectos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, la sentencia judicial que condenó a Ana Matilde Gómez es objeto de un recurso ante el Sistema, por lo que no es una decisión definitiva.

Sobre el tema de posibles conflictos de intereses con su postulación al cargo de jueza de la Corte IDH, Gómez afirmó que obviamente se recusaría “y es probable que mi caso se retrase más”. Además, afirmó que sería un contrasentido negarle la oportunidad de ejercer la posición a una persona que “busca la tutela judicial” del Sistema Interamericano, y “que es una víctima”.

El Estatuto de la Corte IDH, en su artículo 19 numeral 1, atiende un posible conflicto de interés de la siguiente forma: “Los jueces estarán impedidos de participar en asuntos en que ellos o sus parientes tuvieren interés directo o hubieren intervenido anteriormente…”.

Matrimonio igualitario, aborto y filosofía jurídica

La opinión consultiva 24/17 del 24 de noviembre de 2017, de la Corte IDH, reconoció que la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica violaba el principio de la no discriminación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

A su vez, el 28 de noviembre de 2012 la Corte IDH decidió el caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica a favor de la libertad reproductiva. Este caso guardaba relación con una prohibición contra la reproducción in vitro aplicada en Costa Rica. Aunque el mismo criterio podría ser usado en el tema del aborto, la Corte IDH no ha tomado una decisión en firme sobre el tema.

Para algunos defensores de Derechos Humanos, es preocupante la opinión de la exprocuradora Ana Matilde Gómez sobre estos temas. En el Knockout publicado por La Prensa el 6 de enero de 2019, la periodista Flor Mizrachi le preguntó sobre ambas temáticas y las respuestas que dio fueron las siguientes: -Su opinión en una frase del aborto.-No.-Matrimonio igualitario.- No.

Sobre estos conceptos, la jurista Ana Matilde Gómez explicó que: “Estoy muy consciente que en un sistema jurisdiccional el juez no debe convertir su voluntad en justicia. Existen estándares interamericanos que no se pueden desconocer. Los derechos humanos deben ser progresivos, nunca ir para atrás”.

Sobre la coincidencia que un gobierno PRD la haya designado Procuradora General y otro gobierno de este mismo partido la postule a la Corte IDH, Ana Matilde Gómez respondió acerca de su designación en el cargo de Procuradora: “yo no busqué ese nombramiento, me lo ofrecieron”. Sobre su nominación a la Corte IDH, dijo: “me sorprende y me honra”.

La abogada indicó que en su opinión el gobierno actual está tratando de colocar “mujeres empoderadas” en cargos internacionales. Según Gómez es necesario recordar que “los jueces de la Corte Interamericana no responden a los Estados”, los jueces actúan en su propio nombre, “apegados al sistema”.

El autor es doctor en derecho.

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