Al investigar el caso sobre la posible venta de un fallo en la Corte Suprema de Justicia –por el que fueron condenados el pasado viernes Oydén Ortega Collado (hijo del exmagistrado Oydén Ortega Durán) y la exsecretaria de este Claudia Purcait–, la Fiscalía Anticorrupción no halló elementos que revelaran la vinculación de magistrados con ese ilícito y que la obligaran a remitir el expediente a la Asamblea Nacional, ente competente para investigar a los magistrados.
Así consta en el fallo condenatorio de Ortega Collado y Purcait –expedido por los jueces Ilka Castillo, Jennifer Saavedra y Roberto Tejeira–, tras un juicio que se prolongó desde el martes 8 y hasta el viernes 11 de marzo pasado.
El denunciante del caso, César Alvarado, interpuso en 2017 una acción legal contra el entonces magistrado Oydén Ortega Durán, ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Y, aunque presentó las mismas pruebas que condujeron a la condena de Ortega Collado y Purcait, los diputados archivaron el caso.
Luego de ello, Alvarado interpuso ante el Ministerio Público la denuncia que dio inicio al proceso seguido a Ortega Collado y Purcait.
En el fallo condenatorio se destaca que durante las pesquisas de la fiscalía se determinó que la venta del fallo fue negociada entre 2012 y 2013. Inicialmente, Alvarado contactó a un particular, Jacobo Brawerman –del que no se dan más detalles–, y este le dijo que tenía los contactos en la Corte para lograr un fallo favorable a su causa. Le presentó a Ortega Collado, quien, por su lado, le pidió dinero para gestionar la admisión de un recurso de casación y, además, valiéndose de su condición de hijo del magistrado Ortega Durán, conseguirle una sentencia a su favor.
Durante el juicio, la fiscalía presentó conversaciones de WhatsApp entre Alvarado y Ortega Collado, en las que este último le aseguraba al primero que podía lograr la admisión del recurso de casación y que para ello contaba con Purcait, quien laboraba con su padre en la Sala Civil de la Corte.
Para no ir a la cárcel, Alvarado firmó un acuerdo de colaboración con la fiscalía, por lo que compareció al juicio como testigo y dio detalles de las conversaciones y de los pagos que hizo para lograr el fallo favorable en un litigio para la recuperación de ocho fincas en Chiriquí.
Precisó que hizo pagos de $5 mil y $15 mil para lograr la admisión del recurso de casación, sacarlo del despacho del entonces magistrado Harley Mitchell y que fuera puesto en conocimiento de los magistrados Hernán De León y Oydén Ortega.
Detalló que, al final, le exigieron otros $250 mil para resolver a su favor el fondo del proceso, pero como no tenía esa cantidad de dinero, decidió denunciar las irregularidades.
