El pasado jueves, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) hizo pública la terrible situación de los títulos de propiedad en las áreas protegidas de Darién.
Según las leyes panameñas, una vez se establece un área protegida, ya no se puede titular dentro de esta, reconociéndose únicamente a quienes ya tenían título con anterioridad a la creación del área protegida. Más allá de esta limitación, hay zonas del territorio panameño que por mandato de la Constitución Política no pueden ser tituladas en favor de particulares, aunque no fueran áreas protegidas. En Darién se violaron estas dos reglas.
La Anati suspendió el trámite de 200 solicitudes de titulación de terrenos que estaban dentro de áreas protegidas. Otros 201 títulos fueron emitidos dentro del área de vida silvestre de la laguna de Matusaragatí, antes de que este ecosistema fuera declarado área protegida. Esto, a pesar de que Matusaragatí no podía ser objeto de apropiación, porque la Constitución lo prohíbe.
Existe un desafío muy importante en la gestión de las áreas protegidas. El Ministerio de Ambiente no cuenta con los fondos para indemnizar a los legítimos propietarios de tierras dentro de estas áreas. En muchos casos, las limitaciones a los usos de suelos que establecen los planes de manejo de las áreas protegidas causan costos excesivos a los propietarios legítimos. Otro elemento de complejidad es que en muchas áreas protegidas del país, no hay linderos claramente delimitados, y es común que los finqueros, o los colonos, se apropien de tierras. Esto pasa, por ejemplo, en el Parque Internacional La Amistad, en Chiriquí.
Volviendo a Darién, existe un gran conflicto entre la gestión ambiental y económica que el Estado panameño afirma oficialmente que realiza en Darién, que contrasta con la realidad efectiva de lo que pasa en esa provincia. Según el propio ministro de Ambiente, el ingeniero Milciades Concepción, la gran mayoría de la madera que se extrae en Darién es ilegal.
Una vez el bosque darienita ha sido deforestado, entra el ganado. Los ganaderos, entonces, buscan los títulos de propiedad. El Banco Nacional y el Banco de Desarrollo Agropecuario financian a los ganaderos, a los arroceros y a los productores de palma aceitera para que desarrollen sus actividades productivas. Los créditos bancarios , aunque tardan en ser desembolsados, son sumamente atractivos. Otro incentivo perverso es que si se cuenta con la suerte y los contactos, se puede comprar hasta 100 hectáreas de tierra estatal a 6 dólares la hectárea.
La acción de Anati fue un primer paso muy importante, pero si no se atienden todos los otros factores, con títulos de propiedad o sin ellos, se acabarán los bosques de Darién.