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Proyecto de ley 10, una esperanza marchita

Proyecto de ley 10, una esperanza  marchita
La licitación de la línea 3 del Metro de Panamá, adjudicada el pasado mes de noviembre, ya fue impugnada. Archivo

Bajo el cielo estrellado de las reformas constitucionales, la ratificación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la selección de un nuevo Procurador General de la Nación, el proyecto de ley 10, que reformaría el régimen de contrataciones públicas del Estado panameño, permanece en pausa.

Lo que no está detenido son las contrataciones estatales. Por ejemplo, la línea 3 del Metro de Panamá fue licitada e impugnada de acuerdo con las reglas de la legislación vigente.

En tanto, los dilemas del cuarto puente sobre el Canal de Panamá se discuten sin la esperanza de aplicación de una nueva ley de contrataciones públicas. Al igual que una próxima decisión sobre el estancado “nuevo” Hospital del Niño no tendrá el norte de un régimen más transparente y eficiente de compras del Estado.

El proyecto de ley 10, presentado por la administración de Laurentino Cortizo a la Asamblea Nacional, contiene 65 artículos, normas suficientes para corregir los entuertos, incorporar salvaguardas y aumentar la transparencia de las contrataciones públicas.

Del proyecto, apenas dos artículos atienden directamente las preocupaciones de la ciudadanía sobre los controles para prevenir y reducir las oportunidades de corrupción. En el artículo 12 se excluye a empresas condenadas en Panamá, con sentencia ejecutoriadas por delitos contra la administración pública o blanqueo de capitales, entre varios delitos. Solo quedarían excluidas las empresas que hayan suscrito acuerdos de colaboración eficaz, si dichos acuerdos así lo establecen. En otras palabras, Odebrecht y el pelotón de Blue Apple seguirían en la jugada.

El artículo 9 del proyecto establece unas multas bastante conservadoras a los funcionarios públicos que desobedezcan a la ley de contrataciones públicas. Por ejemplo, un servidor del Estado, del municipio o de cualquier entidad cubierta por la ley que fraccione una contratación, solo sería multado con el 30% de su salario bruto. Considerando las ventajas económicas y beneficios potenciales que pudiera recibir ese funcionario, o su benefactor, por fraccionar una contratación, la multa tan ridícula es un incentivo. Quizás una sanción equivalente al triple del monto de la contratación fraccionada espante lo suficiente como para que no se le ocurra a nadie semejante idea.

El artículo 17 del proyecto de ley 10 tiene una de las innovaciones más interesantes, aunque no la elabora, sino que permite una reglamentación futura. El proyecto fomenta que las entidades del Estado puedan incentivar la contratación de bienes y servicios más sostenibles o de menor impacto ambiental. Por ejemplo, es fácil entender que un producto biodegradable o un servicio provisto con energía solar deberían ser recompensados con contratos estatales. La norma propuesta no dice cómo ni cuando ni tampoco establece los criterios que requiere esta política. En otros países, se establece que el 10% de las contrataciones públicas debe tener esas características. En algunos sistemas de compras, se les da puntos adicionales a las calificaciones de bienes y productos sostenibles por encima de los equivalentes producidos de forma regular. El proyecto no indica cuál de estas vías se aplicaría en Panamá.

El proyecto de ley tampoco contempla un esquema de fomento o de acción afirmativa a favor de empresas propiedad de mujeres, que realicen su mayor actividad económica en zonas marginales o que empleen significativamente a personas con discapacidad, adultos mayores o ciudadanos de las etnias indígenas. Solo se aspira a que las empresas panameñas compitan exclusivamente en proyectos de hasta 7 millones de dólares.

En el caso de los municipios y para contrataciones de microproyectos de 10 mil dólares o menos, se propone que se limiten a proveedores locales. Esta loable idea puede degenerar en tráfico de influencias y clientelismo si no es adecuadamente supervisada.

Una innovación importante para la forma de comprar del Estado es que se establece una especie de “tienda virtual”, es decir, un servicio de compras por internet para entidades estatales, municipales y otras, por el cual podrán adquirir aquellos productos que formen parte de acuerdos marco, que comprenden compras rutinarias. La tienda virtual serviría para adquirir útiles de oficina, uniformes, artículos de aseo, alimentos y múltiples otros bienes de uso constante. Esta utopía de las compras públicas exige mucha disciplina y capacitación de los funcionarios encargados de hacer las compras y, a la vez, de mucho monitoreo de proveedores que se pueden aprovechar del sistema.

Un aspecto que no aparece registrado en el proyecto de ley 10, pero que merece una mayor atención por parte de los diputados y del Poder Ejecutivo, es el tema de las fianzas por daños o afectaciones a terceros. Aunque el proyecto mejora lo existente en materia de fianzas para con el Estado o la entidad contratante, no considera otros intereses. Por ejemplo, los subcontratistas de empresas extranjeras se enfrentan a un alto riesgo de incumplimiento de sus pagos, porque una vez la multinacional cobra lo suyo se va y deja en el abandono a sus subcontratistas locales. Otro ejemplo de esto son los daños ambientales que se pueden causar a las áreas protegidas o a las comunidades vecinas. ¿Cuántas veces hay choques, inundaciones, postes caídos, calles rotas y otras afectaciones que no son cubiertas por ningún contratista del Estado?

La administración Cortizo tiene 4 años y medio de contrataciones públicas por delante. Aunque su plato está muy lleno, bien puede darle una cuantas semanas de buenas consultas a este proyecto. Hay miles de millones de dólares y muchos servicios públicos pagados con los impuesto de los panameños que merecen más consideración.

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