El pleno de la Asamblea Nacional empezó ayer la discusión, en segundo debate, del proyecto de ley 287, que establece medidas financieras y económicas para contrarrestar los efectos de la crisis del coronavirus.
La iniciativa, impulsada por la diputada Zulay Rodríguez, cuya diuscisión se reanudará el próximo lunes, otorga una moratoria de 90 días prorrogables para el pago de compromisos financieros con entidades estatales y privadas, así como en el pago de tributos nacionales y municipales.
La propuesta pretende suspender por 90 días calendario prorrogables las siguientes obligaciones: los pagos, retención y cobros de impuestos, tasas, contribuciones especiales y sobretasas, tanto de tributos nacionales como municipales.
Asímismo, la suspención de los términos de recursos de reconsideración y apelación en la vía gubernativa tributaria, ante la Dirección General de Ingresos, lo que incluye los juzgados ejecutores de la institución, así como ante el Tribunal Administrativo Tributario.
También alcanza los cobros y pagos del servicio público de agua que brinda el Estado, y el cese del pago de las mensualidades de las escuelas privadas que, según el Ministerio de Educación, no estén prestando el servicio educativo.
Igualmente, dispone la suspensión de los pagos de electricidad, telefonía residencial y móvil, internet, cable y fibra óptica que brindan las empresas privadas.
Buena parte de los diputados se mostraron ayer a favor de la iniciativa de la diputada perredista.