La crisis del subsistema de Beneficio Definido del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte no llegó de improvisto. Los gobiernos de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela no presentaron los informes financieros ni llamaron a la Junta Técnica Actuarial para que auditara las corridas actuariales de la Caja de Seguro Social. A sabiendas de esto, la administración de Laurentino Cortizo se dio 18 meses para iniciar la evaluación del sistema de pensiones.
La crisis, agravada ahora por los efectos económicos de la pandemia, no da, empero, carta abierta a la administración de la CSS ni a su junta directiva. No es momento para vender inversiones en títulos de deuda ni terrenos; tampoco es viable fusionar el subsistema de Beneficio Definido y el Mixto, ya que no es financieramente sostenible ni justo para los más de 700 mil jóvenes cotizantes que están amparados por un sistema que puede ser mejorado, pero que es solidario y sostenible.
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