El comerciante Charles Sadat Bonilla Ojeda presentó un recurso de casación ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra la sentencia del Juzgado Decimoquinto Penal que, en un fallo del 12 de julio de 2019, lo condenó a 80 meses de prisión por el caso de la compra de llantas para una flota de vehículos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El ingreso de la acción legal fue notificado en un edicto del pasado 8 de julio de la Sala Penal. El magistrado José Ayú Prado actuará como sustanciador.
En el proceso, Bonilla Ojeda, quien es identificado como el propietario de la empresa Free Port Pty, S.A., fue descrito por la Fiscalía Anticorrupción como alguien muy cercano al exjefe del PAN, Rafael Guardia. Se le atribuyó la responsabilidad penal por el delito de corrupción de servidores públicos.
En este proceso también fueron condenados Edwin Miguel Serracín Pineda y Ana Victoria Andrión Mejía, exjefes de los departamentos de Almacén y de Transporte del PAN, respectivamente.
Orlando Castillo, abogado de Bonilla, alega que el juez primario (Leslie Loaiza) “utilizó y valoró indebida e ilegalmente” un informe de auditoría de la Contraloría, que fue la pieza probatoria fundamental para condenar a Serracín y Andrión. Agrega que dicho informe no relaciona a su cliente con la lesión al Estado.
El citado documento determinó que hubo una lesión patrimonial “producto de sobrecosto en la compra de llantas para toda la flota de vehículos del PAN”, superior a 110 mil dólares.
La defensa dice que el Tribunal parece desconocer las normas generales y especiales del Código Penal, al afirmar que Bonilla utilizó su empresa para beneficiar a Guardia Jaén; no obstante fue sancionado como cómplice primario de un delito distinto, lo cual, según Bonilla, evidencia que el Tribunal no distingue entre una y otra figura penal.
En febrero de 2019, el hoy extinto Juzgado Decimoquinto, a cargo de Loaiza, aprobó un acuerdo de colaboración entre la Fiscalía Anticorrupción y Guardia, referente a este caso.
El 17 de diciembre de 2017, Guardia fue condenado a 5 años de prisión, pero se le descontaron 2 años y 20 días por su colaboración con el Ministerio Público, en el esclarecimiento de la trama de corrupción en el PAN, y tras haber devuelto $30 millones al Estado que había obtenido ilegalmente a través de la asignación de contratos para proyectos estatales.
Así las cosas, el 22 de diciembre de 2020, el exdirector del PAN salió de El Renacer, luego de que la jueza de cumplimiento Irma Arosemena accedió a conmutarle 30 días de la pena de 5 años de prisión que le había sido impuesta.