Rodrigo Tacla Durán, uno de los operadores del esquema corruptivo de Constructora Norberto Odebrecht, además de ligar a importantes funcionarios y dignatarios panameños a esquemas de sobornos, tanto de Brasil como de la compañía española FCC –socia de Odebrecht en la construcción del Metro de Panamá–, detalló el modus operandi con el que durante años blanqueó el dinero y sistematizó la corrupción internacional en el seno de la empresa suramericana.
En un interrogatorio –en calidad de testigo– el pasado 13 de febrero, Tacla Durán mencionó a fiscales españoles a la empresa igualmente española Goya Capital, S.A., como una de las sociedades en la que se debían vehicular pagos de coimas al expresidente Ricardo Martinelli.
Sin embargo, la operación fracasó porque él mismo –según detalló– verificó que no era adecuada. “Encontró un problema con esa empresa, que era que estaba vinculada al Ministro de Salud de Panamá y por eso no la aconsejó, finalmente, desconoce si se hizo algo con esta empresa”, describe en el acta judicial del testimonio.
Goya Capital, S.A., estuvo vinculada al promotor inmobiliario Sergio Vidal Balaguer desde el 20 de febrero de 2009 hasta el 16 de marzo de 2015, cuando –según el Registro Mercantil de Madrid– presentó su dimisión como administrador único de esta sociedad.
El nombre de este empresario de la construcción –con diversos intereses en Panamá– no ha pasado inadvertido para los fiscales españoles. Primero, por la polémica construcción de una de sus urbanizaciones de lujo –de más de 2 mil viviendas– en la localidad valenciana de Callosa d'en Sarrià, que generó la férrea oposición de activistas y ecologistas.
Pero, luego su nombre fue vinculado por el titular del Juzgado Central No. 6 de la Audiencia Nacional de Madrid, Eloy Velasco, a la Operación Lezo, un caso en el que se investiga el pago de sobornos en varios países de América Latina para manipular procesos de obtención de contratos de obras estatales para su compañía, una filial de la empresa Canal de Isabel II en América Latina.
Además, en este momento está imputado por su mediación en un caso de corrupción en Panamá, en concreto, por el pago de coimas de hasta 273 mil 672 dólares a funcionarios panameños, en 2012, para que la adjudicación de colectores de saneamiento en el distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé, recayera en el consorcio formado por la filial de Inassa en Panamá y Cleop, otra sociedad de construcción española.
El pago se tramitó a través de un contrato ficticio de prestación de servicios de consultoría suscrito con la firma Eduholding Corps, radicada en Islas Vírgenes Británicas, y cuyos servicios nunca llegaron a prestarse.
En octubre pasado, el Gobierno de Panamá puso fin al contrato con Inassa, cuyo avance era, en marzo de este año, de tan solo 25% del total, según documentos del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible de Panamá (Conades), una dependencia del Ministerio de la Presidencia que contrató la obra.
En el momento en que se licitó la reforma del alcantarillado en La Pintada estaba al frente del Ministerio de Salud Franklin Vergara, uno de cuyos hijos –Víctor Vergara Muñoz– era parte del círculo íntimo de amigos de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.
Según el magistrado Velasco, las pruebas determinan que este esquema financiero para la ocultación del pago de coimas a través de contratos de consultoría se habría puesto en evidencia en varias ocasiones en Panamá.
La Fiscalía Española Anticorrupción lleva meses tras la pista de la red de empresas offshore –constituidas en territorio español y controladas en última instancia por Rodrigo Tacla Durán– que permitieron establecer el esquema de pagos de sobornos en Brasil y en el extranjero, en favor de funcionarios y agentes políticos.
Según los magistrados, Tacla Durán manejaba cuentas bancarias vinculadas a los funcionarios beneficiarios de las coimas, repartidas entre Suiza y Andorra.
Para mover el dinero de las comisiones sin levantar sospechas, Tacla Durán habría usado una decena de sociedades pantalla. Las empresas instrumentales Vivosant Corp. y Gvtel Corporation SL –ambas con sede en España– habrían sido claves para canalizar la salida de sobornos de la compañía.
Solo la primera recibió–entre el 14 y el 28 de septiembre de 2010– nueve transferencias bancarias por la suma de 12 millones de euros.
El dinero, que llegó a una cuenta bancaria de Vivosant Corp., depositada en el Bank Pictet & Cie de Singapur, provenía de cuentas locales de Constructora Internacional del Sur, una de las filiales que utilizó Odebrecht de forma masiva para ocultar el dinero bajo capas y capas de operaciones bancarias para camuflar las coimas.